El Senado abrió la puerta para criminalizar la libre expresión al aprobar reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El artículo 403 bis aprobado ayer por la mayoría oficialista establece que “se impondrá de uno a cinco años de prisión () a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de los mismos para cometer un ilícito”.
Opositores a la reforma sustentaron que esa redacción deja abierta la puerta para que críticas, sátiras, memes o contenidos reproducidos en distintas plataformas se consideren un delito y sean castigados con cárcel con penas equivalente a quien comete un robo, un plagio con fines sexuales, un fraude o un encubrimiento criminal.
Posturas encontradas
“Son muy graves los peligros para la libertad de expresión, porque a partir de esta reforma estaremos dotando al Gobierno de herramientas jurídicas para encarcelar, si así lo interpretan, a quienes lo critiquen o hagan señalamientos que no sean de su agrado”, resumió la senadora de MC, Alejandra Barrales.
Ayer, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron la reforma que, en la argumentación oficial, pretende fortalecer las facultades del IMPI para combatir la piratería y castigar las violaciones a la propiedad industrial y derechos de autor.
La 4T asegura que se busca reforzar la Propiedad Industrial en el marco de las negociaciones del T-MEC.
Pero la Oposición advierte que es un pretexto para meter a la cárcel a quien se burle del gobierno.
Originalmente se establecía una pena de cárcel de entre 5 y 7 años, pero, ante las críticas, fue reducida la pena de 1 a 5 años de prisión.
Ahora la pinza tendrá que cerrarse en San Lázaro, pues falta su aprobación.
La “Ley Antimemes” pasó con 72 votos en favor y 34 en contra. Un grupo de 22 senadores se ausentó al momento de la votación, entre ellos el tabasqueño Adán Augusto López, quien desafió la línea presidencial.
Encienden alertas
Tras la aprobación, organizaciones civiles advirtieron que esta legislación contempla censura, autoritarismo y criminalización de la libertad de expresión.
“Una cosa es considerar los símbolos y los logotipos del Gobierno como una especie de marca que no se puede tocar. Otra cosa es la trayectoria que tiene el Gobierno con ese tipo de iniciativas que sirven para imponer una especie de censura”, alertó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas.
El experto aseguró que la reforma va principalmente contra expresiones satíricas y memes que son utilizados para burlarse del poder, lo cual, dijo, es un fenómeno saludable y muy importante en cualquier sociedad.
“La criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas suficientes no tiene cabida en una sociedad democrática”, señaló Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.
Aseguró que estas disposiciones podrían utilizarse para hostigar a periodistas, activistas y otras personas que emplean la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos e informativos.
