Wilbert Torre

SERENDIPIA

Huachicoleros de traje

La promesa de desterrar la corrupción en México es probablemente la que más dudas, trabajo y desafíos planteará al próximo gobierno.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha anunciado reformas a distintas leyes para que la corrupción y el robo de hidrocarburos sean considerados delitos graves.

Los gobiernos y congresos federales vigentes de los últimos 30 años –tres del PRI y dos del PAN– renunciaron o no se empeñaron como debieron hacerlo en la tarea de aumentar las penas contra delitos como cohecho y peculado, mientras la corrupción política dejaba atrás latrocinios importantes y otros hormiga en décadas pasadas para mutar en un monstruo que como nunca antes saqueó en años pasados las instituciones nacionales.

Ahora López Obrador anuncia que delitos como el cohecho y otros como el fraude electoral serán considerados como graves: quienes incurran en ellos ya no podrán gozar del derecho a la libertad bajo fianza.

Aumentar las penas contra la corrupción parece lógico. ¿Pero endurecer las leyes y aplicarlas sin excepciones como ha ofrecido el obradorismo será suficiente para desmontar o extirpar los sistemas y las redes de corrupción arraigados en las instituciones?

Un ejemplo claro de corrupción sistémica en las instituciones es Petróleos Mexicanos (Pemex), donde parece seguir un patrón: proviene y ha sido tolerada desde los altos mandos de la empresa pública más importante del país.

Las investigaciones confirman los dos mayores escándalos de corrupción en este gobierno: el robo de combustible y el supuesto pago de sobornos por parte de Odebrecht, a cambio de obtener contratos de obra pública.

En días pasados, Engge Chavarría y Adrián Arias publicaron en El Heraldo de México que la ineficiencia de las autoridades y la complicidad de personal de Pemex Logística con el crimen organizado han agravado el robo de combustible.

Cada año se calcula el despojo de más de 30 mil mdp en ilícitos que han unido a ciertos funcionarios de Pemex con la mafia del huachicol que se extiende en la mayor parte del territorio nacional.

Engge Chavarría explica que las tomas clandestinas son más de 7,500 en la CDMX. El hurto de hidrocarburos ha crecido desde que esta en funciones la Subdirección de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística.

AMLO ha dicho que no emprenderá persecuciones políticas porque perdería tiempo preciado para gobernar.

Esa posición política no parece razonable en el caso de Pemex; el próximo gobierno debe concluir las investigaciones sobre sobornos de Odebrecht y la participación de funcionarios en la extracción ilegal de combustible.

Si no lo hace, será imposible desmontar las redes sistémicas de corrupción o esperar que un milagro persuada a los huachicoleros de traje de poner fin a su imperio de impunidad.

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