Wilbert Torre

SERENDIPIA

Barlett: La desvergüenza

Cuatro meses antes de tomar posesión, López Obrador enfrenta un escenario de presión política y social similar al que debió sortear el presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2013 –cinco meses después de sentarse en la silla–, cuando tomó la decisión de despedir al primer miembro de alta jerarquía de su gobierno, Humberto Benitez Treviño, ex procurador federal del Consumidor.

Los personajes involucrados en ambos casos –Benítez y Manuel Bartlett, designado por AMLO director de la Comisión Federal de Electricidad–, como las circunstancias que los rodearon en su momento (y provocaron una tormenta de críticas a su alrededor), son distintos y no estoy seguro que merezca la pena un ejercicio comparativo.

Lo que sí es posible y necesario contrastar es la reacción del presidente de la República ante la exigencia cabal de una parte de la opinión pública y la sociedad. Peña decidió dar por terminada una fugaz participación de Humberto Benitez Treviño –miembro distinguido del Grupo Atlacomulco–, después de que se revelara que la hija de Benitez había utilizado a personal de la Profeco para sancionar a un restaurante en donde le había sido negada una mesa.

Lo que la sociedad miró en la conducta de la hija de Benítez fue un uso político faccioso e indebido de las instituciones. En consecuencia, para Peña fue insostenible mantener al procurador en su cargo.

El nombramiento de Bartlett envuelve una actitud que políticamente podríamos categorizar como XXX, comparada con la falta que le costó el puesto a Benítez. Si Bartlett bajó o no el switch del sistema de cómputo en la elección del 88, para mí es una discusión intrascendente.

Lo que no está ni ha estado a discusión desde aquella elección es que Bartlett, entonces presidente de la Comisión Federal de Elecciones, era el hombre del sistema que tenía toda la responsabilidad, el poder y todos los instrumentos para supervisar, vigilar y controlar los resultados de las elecciones, por mandato del presidente. Técnicamente, la consideración de que hubo un fraude es un mito: existe la creencia popular de que así fue, pero jamás podremos comprobarlo. Pero el tiempo también guarda registros: tres años después, las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso votaron por destruir las boletas del 88.

López Obrador ha defendido la designación de Bartlett, argumentando que es un hombre necesario para combatir la corrupción. Puede tener razón. Quizá piense que 30 millones de votos le dan derecho a hacer lo que se le pegue la gana. O casi. Pero no se trata de eso. Se trata de memoria, de dignidad y de vergüenza ante uno de los episodios más oscuros de la democracia.

Primero Cuauhtémoc calló (y perdonó a Bartlett años después, recordaba ayer Martha Anaya en su columna Alhajero), y ahora AMLO (el presidente más votado de la historia) decide premiar a quien el pueblo, que tanto dice importarle, ha considerado por décadas como el hombre detrás del gran fraude electoral en la historia de los fraudes en nombre del PRI. Ahí la deuda (y la vergüenza) no sólo es de Bartlett, sino de Cárdenas, y ahora de AMLO.

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