Wilbert Torre

SERENDIPIA

Fideicomisos a escrutinio

En años recientes, investigadores y académicos como Peter Andreas, profesor asociado de ciencias políticas y estudios internacionales de la Universidad de Brown, Estados Unidos, han puesto puesto el dedo en la confiabilidad de las cifras y las estadísticas de los gobiernos en temas de importancia como la seguridad, las finanzas y la economía. A la danza de las cifras bajo sospecha de manipulación se añade una pieza enigmática: ¿Qué dineros ocultos guardan los presupuestos nacionales?

La pregunta adquiere sentido ante la proximidad del cambio de gobierno. En el curso de distintos gobiernos del PRI, y de manera especial en la administración de Carlos Salinas de Gortari, la llamada partida secreta conferida al presidente de la República cobró una fama infausta

Hace cosa de cinco años el juez federal Carlos López Cruz falló que los fondos de la partida secreta de la Presidencia fueron desviados de manera recurrente en el gobierno de Salinas: de un total de dos mil 700 millones de pesos asignados entre 1990 y 1994, más de dos mil 200  millones se desviaron de manera ilegal a una cuenta en Banco Mexicano Somex.

La partida secreta, concluyó el juez en 2013, no fue utilizada para cubrir bienes y servicios de interés general  inherentes a la función de la Presidencia.

El presupuesto 2019, el primero que decidirá Andrés Manuel López Obrador antes de tomar posesión, de la mano de la mayoría de Morena en el Congreso, significará un proceso inédito de rediseño del gasto, en el que adquirirá una relevancia singular el gasto destinado a los programas sociales, que podrían recibir más de 300 mil millones de pesos.

El presupuesto de Prospera, el programa social más importante del gobierno federal, casi se quintuplicará en comparación con los recursos invertidos por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, pero las promesas que Andrés Manuel López Obrador hizo como candidato hacen pesar en que no existe un presupuesto suficiente para atender todas las urgencias y los requerimientos más importantes.

Pero quizá sí exista tela de dónde cortar. Alfonso Ramírez Cuéllar, un líder campesino que a partir del salinato, con la vigencia del Tratado de Libre Comercio de America del Norte dio importantes batallas agrarias y sociales, es el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, un cargo que históricamente había sido ocupado por personajes de la tecnocracia que desde ese puesto clave incidían en la orientación del gasto anual.

Como advertían ayer los reporteros Nayeli Cortés y Felipe Morales en El Heraldo México, Ramírez Cuéllar ha puesto el ojo en un páramo polémico para ampliar los fondos para atender las promesas de campaña: se revisarán con lupa 275 fideicomisos que opera el gobierno federal, que en conjunto representan 287 mil millones de pesos, casi la misma cantidad que hubiera costado construir el aeropuerto en Texcoco.

¿Qué encontrarán Ramírez Cuéllar y los legisladores de Morena en los polémicos fideicomisosbajo control del gobierno de Peña?

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