ESTRICTAMENTE PERSONAL
Ceder, en una negociación, no es necesariamente perder. De hecho, en una negociación se cede para poder avanzar y el resultado óptimo es cuando todas las partes ganan. En el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México tuvo que ceder. Mucho en este caso, para que los demócratas y los sindicatos, que son su base electoral, estuvieran de acuerdo en ratificarlo. Los demócratas se han adjudicado una gran victoria política, quitando reflectores a Trump, que finalmente cumplió su promesa de campaña de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y remplazarlo con un acuerdo que presume superior. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá sentirse tranquilo, pese a aceptar los chantajes demócratas que llevaron a su gobierno a perder soberanía. A cambio, gana certidumbre ante el mundo, recupera parte de la confianza perdida en su liderazgo y, sobre todo, le da una viabilidad económica a su administración y al país. Aislar a México del mundo, como su retórica machaca, era irreal.
La negociación de este acuerdo comercial duro dos años, y la comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La continuó el de López Obrador bajo el mismo modelo, que también se usó durante la negociación del TLCAN hace un cuarto de siglo, dejándose acompañar por el sector privado. Pero en la última semana, cuando los negociadores estadounidenses, forzados por los demócratas y con la urgencia de Trump por concluirlo, presionaron a los mexicanos como no lo habían hecho antes, sacaron al sector privado de la negociación y lo mantuvieron en la oscuridad sobre lo que estaban discutiendo. De otra manera, no podrían haber aceptado las condiciones que les planteó el representante comercial de la Casa Blanca, Roberto Lighthizer. La molestia empresarial por la marginación en el último tramo de la negociación, será acicalada cuando terminen de estudiar las adendas que aceptó México.
No habrá intervención dentro de las empresas, pero en realidad sí habrá, utilizando un término diplomático: attaché laboral. Los attachés, en el argot diplomático, son los agregados en las embajadas. En este caso, no estarán dentro de la Embajada de Estados Unidos, pero serán representantes de los sindicatos en México que “proveerán información in situ sobre las prácticas laborales” en este país. Es decir, sí habrá una supervisión indirecta dentro de las empresas, que forma parte de lo que le llamaron “un monitoreo robusto” que hará las veces de un instrumento de certificación estadounidense de que las reformas laborales se están aplicando tal y como lo prometieron. Esta era una de las quejas que tenía el líder de la AFL-CIO, Richard Trumpka, quien le dijo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en septiembre, que sólo querían que se aprobara el acuerdo para no hacer nada. No les creemos, afirmó.
La presión demócrata se trasladó al gobierno mexicano, que al final aceptó la creación de un comité interagencias que vigilará la reforma laboral, y que estará informando al Congreso de Estados Unidos, así como el establecimiento de metas y objetivos que deben implementar los mexicanos para la reforma laboral. De incumplirlo, se aplicarán las medidas y sanciones que se añadieron al acuerdo, y que contemplan los mecanismos reforzados para resolución de disputas. Una de las grandes innovaciones impuestas fueron lo que llaman “reglas de evidencia”, que le permitirá a Estados Unidos litigar “exitosamente” temas laborales, de medio ambiente y otros temas de alta controversia.
Estos mecanismos reducen significativamente las capacidades mexicanas para litigar en los paneles de resolución de disputas, que hubieran tenido objeciones y observaciones por parte del sector privado. Junto con ello, en un punto que modifica por completo los equilibrios que se habían logrado, es un cambio de lenguaje en el texto, donde removieron el fraseo que permitía ambigüedades en las garantías de protección de violencia a los trabajadores. Mediante el fortalecimiento de estas reglas, “se crea la presunción que las violaciones laborales afectan al comercio y la inversión y requerirá que las otras partes prueben lo contrario”. Es decir, México sería culpable hasta demostrar lo contrario, y una violación laboral no se restringiría al capítulo laboral, sino que impacta en el conjunto del acuerdo. De esta manera, el costo de una violación laboral lleva a litigio todo el acuerdo comercial.
Los demócratas impusieron una serie de incisos en el tema de propiedad intelectual que difícilmente el sector privado habría aceptado sin resistencia, particularmente la industria químico farmacéutica, y presionaron a Trump para remover las provisiones que llevaban a medicinas más caras, revelado la semana pasada en el Financial Times, pero mantenido en secreto al sector privado por parte de los negociadores mexicanos. Esto llevó dentro del acuerdo a la disminución de la exclusividad de las patentes en medicinas y de la información clínica de las medicinas, empleadas por la industria, alegaron los demócratas, para retrasar la competencia y el acceso a medicinas a buen precio. La puntilla fue tender hacia una homologación en los criterios legales entre Estados Unidos en México, para balancear la competencia y los incentivos por innovación, como establece la ley en aquel país, que no se reflejaba en el acuerdo.
Las adendas, como lo está planteando el gobierno de México, significaron la apertura de casi el 10 por ciento del acuerdo que estaba cerrado, que el Senado había ratificado y que el sector privado estaba en contra de que se reabriera. Lo hizo el gobierno de López Obrador porque no vio alternativa real para poder sacar un acuerdo sin las concesiones que exigían los demócratas. En las condiciones políticas en las que se encontraba Estados Unidos, en medio del inicio del juicio político contra Trump y el arranque de las elecciones federales en enero, era lo mejor de lo peor.
