La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que continuará con el proceso penal en contra de ex servidores públicos del IMSS implicados en la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrida el 5 de junio de 2009, en la que perdieron la vida 49 niños y decenas resultaron lesionados.
La postura de la institución federal derivó de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo Pleno determinó que los delitos relacionados con el siniestro constituyen violaciones graves a los derechos humanos y, por tanto, no pueden prescribir por el paso del tiempo.
El pronunciamiento de la FGR valida las investigaciones de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos contra dos ex funcionarios del Seguro Social imputados por los delitos de homicidio y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión.
“La parte justiciable interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación, en la que, el Alto Tribunal sostuvo que en los delitos asociados con el lamentable suceso, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente, pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia“, consideró la FGR.
“La necesidad de combatir la impunidad, así como evitar la repetición de los hechos y el olvido de los crímenes sin que sea jurídicamente relevante la naturaleza dolosa o culposa de la acción u omisión que se reproche. Derivado de lo anterior, se consideró que debe atenderse a la multiplicidad de bienes jurídicos tutelados y a los derechos humanos lesionados en perjuicio de niñas y niños, así como de sus familias en su carácter de víctimas indirectas”, respaldó.
La FGR manifestó su compromiso institucional a efecto de esclarecer los hechos y combatir la impunidad con apego a las implicaciones del debido proceso.
La controversia llegó al Máximo Tribunal luego de que Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un recurso de revisión para impugnar su vinculación a proceso, bajo el argumento de que la acción penal en su contra había vencido en 2019.
Al analizar el asunto, la Ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf descartó los argumentos de la defensa y advirtió sobre la imposibilidad de archivar el expediente.
“Se concluye que en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos, como el caso Guardería ABC“, sostuvo la Ministra.
Durante la sesión, el debate también abordó las condiciones del esquema de estancias infantiles subrogadas vigentes durante el sexenio de Felipe Calderón, las cuales fueron cuestionadas por las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama.
“El Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y, en ese sentido, omitió darle la debida atención. Recordemos eso para que lo tengamos presente y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública, porque eso fue lo que pasó“, declaró Ríos González.
Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa puntualizó el deber del Poder Judicial ante las familias de los menores de edad afectados.
“El deber de buscar la verdad, de investigar y, en su caso, de sancionar, no caduca con el paso de los años, mucho menos cuando las víctimas fueron niños que empezaban su vida. Estoy consciente de que con esta resolución no devolvemos la vida de estos 49 menores de edad ni reparamos por completo el dolor de sus familias, pero sí honramos su memoria”, resaltó la funcionaria.
La resolución de la SCJN devolvió el caso al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que emita una nueva sentencia de amparo que incorpore el criterio de imprescriptibilidad de los delitos.
