La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la extradición de un ciudadano mexicano a Estados Unidos, identificado como Abel ‘N’, requerido por una corte federal en Oregon por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
La entrega del reclamado se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde autoridades estadounidenses recibieron al detenido para su traslado a territorio norteamericano.
La FGR señaló que el procedimiento forma parte de la cooperación judicial internacional entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.
Proceso judicial en Estados Unidos
El caso se originó ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon, donde el acusado ya había comparecido previamente y se declaró culpable en julio de 2022 por los delitos mencionados.
Sin embargo, el individuo no acudió posteriormente a la audiencia de sentencia, lo que derivó en su búsqueda y localización por parte de las autoridades estadounidenses.
La inasistencia motivó el inicio formal del proceso de extradición entre ambos países bajo los mecanismos legales establecidos.
Detención en México y orden judicial
A solicitud del gobierno de Estados Unidos, la FGR pidió una orden de detención con fines de extradición ante un juez federal en Ciudad de México.
La orden fue otorgada y ejecutada en febrero en Tijuana, Baja California, tras lo cual se iniciaron los procedimientos legales correspondientes.
El proceso concluyó con la autorización del Gobierno de México para concretar la entrega del acusado a las autoridades estadounidenses.
Cooperación bilateral en seguridad
La extradición se enmarca en los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, especialmente en casos vinculados con delitos de narcotráfico y redes criminales transnacionales.
Este tipo de acciones se sustentan en el Tratado de Extradición México–Estados Unidos, que permite la entrega de personas requeridas por la justicia de ambos países.
Las autoridades no detallaron la sustancia relacionada con el caso ni posibles vínculos del acusado con organizaciones criminales.
El procedimiento refuerza la colaboración bilateral en el combate a delitos de alcance internacional y el intercambio de información entre sistemas judiciales.
