Integrantes y madres de las colectivas Feminismo para Todas MX, Niñas Feministas por América Latina, Justicia para Lluvia, Justicia Valiente y Brujas de Asfalto, denunciaron presuntas omisiones, revictimización y fallas estructurales dentro del sistema de justicia familiar en Querétaro, particularmente en casos relacionados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Durante una rueda de prensa y antes de su manifestación frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Diana Arlette Chávez, vocera de Feminismo para Todas MX, afirmó que las decisiones tomadas desde el Poder Judicial estatal y el Poder Ejecutivo están impactando directamente “la vida, la seguridad, la estabilidad emocional y la salud mental de las infancias y adolescencias”.
Señaló que las colectivas han detectado casos en los que menores son obligados a convivir con presuntos agresores pese a denuncias y antecedentes de violencia.
“Les recordamos, sobre todo al Poder Judicial, que no se tratan de expedientes, se tratan de personas”, expresó.
Las activistas aseguraron que, actualmente, acompañan alrededor de 30 casos relacionados con el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), de los cuales al menos dos corresponden a presunto abuso sexual.
También señalaron que existe una recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro relacionada con hechos denunciados dentro de ese espacio. Además, indicaron que desde 2019 han identificado casos donde menores habrían sufrido abuso fuera del CECOFAM, presuntamente por parte de sus progenitores.
Cristina Elizabeth Pérez Escobedo, vocera de Niñas Feministas por América Latina, exigió investigaciones “reales, profundas e imparciales”, con perspectiva de infancias, de género; con escucha a las víctimas y enfoque en los derechos humanos.
Dirigió el llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, y al gobernador Mauricio Kuri González, para que asuman su responsabilidad institucional.
“El estado sigue priorizando los derechos de los progenitores por encima del interés superior de la niñez (…) La protección de las infancias debe estar por encima de cualquier interés, omisión o simulación institucional”, sostuvo.
Por su parte, Rocío González Ramírez, madre de Lluvia y representante de Justicia para Lluvia, denunció que las autoridades judiciales decretaron convivencias familiares aun cuando existían carpetas de investigación y antecedentes graves.
“Las convivencias no pueden imponerse de manera automática cuando existen denuncias, antecedentes y señales de alarma que exigen actuar con verdadera perspectiva de protección”, manifestó.
La abogada María de los Ángeles Pérez Zarazúa expuso dos casos relacionados con presunto abuso sexual infantil y cuestionó el actuar tanto de autoridades ministeriales como judiciales.
Explicó que en uno de los casos, ocurrido en 2022 dentro del CECOFAM, una menor denunció haber sido víctima de violencia sexual durante convivencias supervisadas. Señaló que, pese a estudios psicológicos y entrevistas que respaldaban el dicho de la niña, las autoridades determinaron archivar la carpeta de investigación.
También criticó criterios judiciales que, de acuerdo con ella, exigen prácticamente sentencias condenatorias para suspender convivencias familiares o aplicar medidas de protección.
La experta en derecho sostuvo que existe preocupación por presuntas irregularidades dentro del CECOFAM, entre ellas el supuesto ocultamiento de videograbaciones y la falta de reuniones para revisar los criterios de funcionamiento del centro desde 2022, pese a que esa obligación está contemplada en su reglamento.
“Nos parece sumamente preocupante. Hacemos de conocimiento esta información porque nos parece que es de interés público y porque la finalidad que tenemos es materializar el derecho de transparentar el ejercicio de la función pública”, declaró.
Las colectivas informaron que algunas carpetas de investigación ya lograron ser judicializadas y reiteraron que continuarán acompañando a víctimas de violencia familiar, abuso sexual infantil, feminicidio y tentativa de feminicidio, además de mantener vigilancia sobre las actuaciones institucionales en Querétaro.
