Integrantes de la Coalición de Mujeres, Madres, Defensoras y Ciudadanas por la Justicia, la Igualdad Sustantiva y los Derechos de las Infancias en Querétaro, advirtieron sobre el deterioro de la discusión pública en la entidad y rechazaron los planteamientos de colectivos que impulsan la creación de instituciones enfocadas exclusivamente en hombres, bajo el argumento de supuesta discriminación y denuncias falsas.
Una de ellas es la solicitud, por parte de grupos varoniles, de crear una “Fiscalía especializada en hombres”.
Durante una rueda de prensa, Beatriz Espíndola, abogada e integrante de CUIDA MX, una colectiva que forma parte de la Coalición, señaló que el posicionamiento de la red no busca confrontar derechos, sino centrar el debate en las víctimas y en las obligaciones del Estado.
“Nuestra intención no es polarizar a la sociedad ni confrontar derechos entre mujeres y hombres. Venimos a colocar la discusión donde verdaderamente debe de estar, en la protección de las víctimas, en el interés superior de la niñez, en el acceso real a la justicia”, expresó.
Las demás integrantes subrayaron que los derechos humanos de las mujeres son parte de los compromisos jurídicos del Estado mexicano y no concesiones políticas. En ese sentido, insistieron en que la perspectiva de género debe entenderse como una herramienta metodológica para identificar desigualdades estructurales.
“El acceso efectivo de mujeres, niños y adolescentes a la justicia exige una perspectiva de género seria, científica y constitucionalmente orientada”, afirmó Espíndola.
En el respaldo de su postura, la coalición presentó cifras que, aseguraron, desmienten la narrativa sobre denuncias falsas. De acuerdo con datos expuestos, en México existen 34.7 millones de hogares, de los cuales 28.7 millones son encabezados por mujeres, mientras que la violencia familiar mantiene alta incidencia, con niñas y adolescentes como principales víctimas.
Asimismo, señalaron que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se otorgaron 530 medidas de protección urgente en juzgados familiares, de las cuales la mayoría fueron solicitadas por mujeres.
Además, expusieron fallas estructurales en los tribunales familiares, como dilación procesal, revictimización y falta de perspectiva de contexto. “Cuando la justicia se convierte en un instrumento del agresor, el Estado tiene el deber de corregirlo”, señalaron.
Finalmente, las colectivas plantearon una serie de propuestas dirigidas a los tres poderes del estado, entre ellas la elaboración de un diagnóstico independiente del sistema de justicia familiar, la implementación de protocolos con perspectiva de género e infancia, el fortalecimiento del registro de deudores alimentarios y el cese a la criminalización de madres.
“Querétaro necesita instituciones modernas, sensibles, eficaces. Necesita justicia con rostro humano”, concluyeron.
