CONCIENCIA PÚBLICA
“Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad”
KHALIL GIBRÁN.
Conviene revisar algunas citas, como la que antecede, porque reflejan situaciones de actualidad aunque hayan sido expresadas muchos años atrás. Esta primera viene a colación por la escalada de homicidios, feminicidios, infanticidios, que en este país ya llegan a nivel de escándalo.
Los primeros, porque en 2019 y lo que lleva este año, ya se acercan a 40 mil cometidos con una total impunidad; los segundos, porque asusta la frecuencia y la saña cada vez mayor con la que se sacrifica a mujeres ante la pasividad y hasta indiferencia de la autoridad, que solo atina a expresar declaraciones superfluas en casos de escándalo, sin poder siquiera esbozar una estrategia o acciones concretas para atender la seguridad de las mujeres; los terceros, porque se ha hecho frecuente que los niños se conviertan en mercancía de cambio en secuestros que muchas veces terminan en muerte. Sin embargo, hay un común denominador, una línea que los une a todos y es la falta de castigo, la falta de justicia para las víctimas.
Ante los reclamos de la sociedad, los encargados de ejercer el poder del estado para garantizar la seguridad nos hablan de una estrategia que atenderá a las causas que “obligan” a delinquir y, derrama caridad a través de programas sociales que reparten indiscriminadamente a la población, esperando que alguno de los beneficiados sea un delincuente que acepte redimirse por 3 mil quinientos pesos mensuales. Se dilapidan recursos para abrir cien universidades “patito” con la esperanza de que a algún joven delincuente se le antoje estudiar carreras sin reconocimiento y de dudosa preparación, en vez de asaltar o enlistarse como sicario.
Creo que una vez más, estamos ante un diagnóstico equivocado. La pobreza no genera delincuencia homicida y tampoco es el neoliberalismo, tan recurrente en el vocabulario del actual gobierno. Países con gobiernos neoliberales como Francia, Suecia, Chile, por mencionar algunos, no tienen los niveles de violencia que tiene México. Se debe afrontar la realidad, el homicida mata porque quiere y puede, porque sabe que no tendrá castigo y en muchos casos, ni siquiera será perseguido.
El actual gobierno parece desconocer que la principal obligación del estado es brindar seguridad y justicia a los gobernados, esenciales para la convivencia social y el desarrollo armónico de la sociedad. Es cierto que la desigualdad económica es lacerante y que la tan añorada justicia social, traducida en brindar mejores condiciones de vida y bienestar, merece atención particular, pero de nada servirá que el obrero gane más si el delincuente lo matará para quitarle sus bienes. Cada crimen, cada homicidio no solo afecta al individuo, destroza, lacera a toda una familia y cuando estas familias son muchas, como ahora, es toda la sociedad mexicana la agraviada.
Además, el agravio a la sociedad es mayor cuando a la inseguridad se le suma la falta de justicia. Francisco de Quevedo dijo: “menos mal hacen los delincuentes que un mal juez” y en las escrituras del Talmud se expresa: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.”
Es de reconocerse que el poder judicial ha dado un paso importante con la iniciativa de reformas presentada recientemente, el mensaje que manda es el de combate a la corrupción, a la perversión de un poder judicial señalado, no de ahora sino de tiempo atrás, de sucumbir al poder del dinero, sin embargo, es notoriamente insuficiente. La reforma al poder judicial es incompleta si no se ataca la incapacidad, la venalidad, la indolencia, el burocratismo y la falta de recursos suficientes que privan en las instituciones de procuración de justicia.
Es una lástima que los recursos que se destinan a las cien universidades, no se destinen a preparar, capacitar y hacer más eficientes a los ministerios públicos, para que no sea su improvisación y desconocimiento los que abran las puertas a la impunidad. También es una lástima, que los recursos destinados a difundir una cartilla moral, no sean destinados a humanizar a los ministerios públicos a dignificar sus instalaciones, para que sean verdaderos representantes de la sociedad con empatía para las víctimas y menos amor por el dinero. Hay estudios que concluyen que el 90 por ciento de los procesados y presos por algún delito atribuyen su estancia en la cárcel a que no tuvieron el dinero para darle al MP o al juez.
No son las caridades verticales que impulsa el actual gobierno, las que habrán de traer seguridad y justicia. La principal preocupación de la sociedad no habrá de resolverse creando comisiones de atención a víctimas que, por cierto, a un año de distancia no han arrojado ningún resultado tangible.
Es necesario sacudir la estructura de administración y procuración de justicia desde abajo y hasta la cima, sin politiquerías ni ansias de poder y dominio.
