LUIS MANUEL ROBLES NAYA / LEGALIDAD EN ENTREDICHO

CONCIENCIA PÚBLICA

“Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber.”

RUDOLF VON JHERING

Nunca como ahora cobra vigencia esta sentencia emitida en el siglo XIX y desafortunadamente hecha realidad en nuestros días. El presidente López Obrador ha repetido infinidad de veces que nadie puede estar por encima de la ley y que se debe acabar con los abusos del poder, sin embargo, al parecer esto no aplica para él, que con impudicia e insolencia viola disposiciones legales y acomoda a sus intereses normas e instituciones.

Preocupa que esta conducta se haya vuelto reiterativa, y más aflige que, quien se encuentra facultada por la ley para oponerse a la ilegalidad y el abuso del poder, la Suprema Corte de Justicia, se haya convertido en un apéndice del poder ejecutivo.

Fue un signo muy ominoso, que la tan necesaria reforma al poder judicial se haya anunciado primero en el marco de la conferencia de prensa mañanera, en la que, como otros empleados del presidente, el presidente de la Suprema Corte estuvo sentado obedientemente esperando que le dieran la palabra, y esbozara a los presentes el contenido de una iniciativa que propondría al titular del ejecutivo para su promulgación. No es una actitud digna del representante de uno de los tres poderes de la unión, que debió primero darla a conocer en ejercicio de su independencia y notificar que se había enviado al presidente para los efectos de ley. Forma es fondo y las formas exhibidas denotan sumisión, no colaboración.

Es también un atropello a la legalidad el ordenar la rifa de un avión, que no se entregará pero a cambio se otorgarán premios en efectivo a los ganadores. Esto no es ilegal a pesar de ser una maniobra marrullera para no violentar las normas de la lotería nacional. La anormalidad e ilegalidad estriba en que la garantía de los premios es una cantidad de dinero, obtenida por arreglos extrajudiciales, que aun proviniendo de un presunto ilícito, al ser recuperados para resarcir un daño patrimonial, deben ser devueltos al sujeto afectado, en este caso el INFONAVIT, que es una entidad tripartita cuyo capital se integra con participaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno, y por tanto sus recursos no son del gobierno federal y no puede este disponer de ellos, mucho menos para solventar una rifa. Y otra vez forma es fondo, y el atropello a la legalidad se presume con impudicia en la conferencia mañanera cuando el representante de una entidad autónoma como es la Fiscalía General de la República entrega obsequiosamente un cheque por la cantidad de dos mil millones de pesos al presidente para que respalde los premios de su rifa. Asusta que el encargado de la aplicación de la justicia, el señor Fiscal, haya entregado esa cantidad cuando el asunto aún está en proceso y el reconoce que existe más dinero por recuperar. Es decir, proviene de una carpeta de investigación no cerrada ni judicializada.

Preocupa y espanta, que por razones políticas, el mismo presidente de la república, que no es abogado y se entiende, le haya ordenado al Fiscal “autónomo” que reponga el procedimiento relativo a los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa. Lo que no se entiende es que el Fiscal, que si es abogado, haya accedido y anunciado que lo hará, cuando se trata de un caso ya judicializado, con detenidos y juicios en marcha y que en todo caso le correspondería a un juez ordenar la reposición del procedimiento por demostrarse en el juicio que hay causas que lo ameritan, cosa que hasta hoy no ha sucedido.

Este evidente desprecio por la legalidad y la arbitrariedad exhibida, es tal vez la causa de que hayan acudido, sumisos, los más prominentes empresarios a Palacio Nacional a comprometerse para aportar cantidades importantes de dinero. Si la ley y las instituciones están sometidas al imperio de una voluntad, poco pueden hacer para proteger su patrimonio más que mostrarse obsequiosos.

No es justificación que en el pasado hayan existido actos ilegales no sancionados o parcialmente castigados, para que quien debe ser garante de la legalidad y la justicia exhiba con insolencia su falta de respeto a las leyes que juró proteger y hacer valer. El poder y la autoridad de que está investido, proviene de la propia ley y su deber es velar porque prevalezca el estado de derecho por encima de su arrogancia que le lleva a creer que todo se justifica por un bien mayor. Ningún bien puede arrojar la falta de respeto a la legalidad y el desprestigio y merma de autoridad a los poderes e instituciones.

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