El gabinete de seguridad emitió ayer dos comunicados para desmentir que existiera un operativo para ocultar, resguardar o cambiar de ubicación a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para refutar una columna de Carlos Loret y otra mía. Loret publicó que este lunes, ante una alerta en el entorno de Rocha Moya, fuerzas federales fueron por él a su escondite para moverlo de lugar ante la información que Estados Unidos preparaba un operativo para capturarlo. En mi caso, apunté que se encontraba en una de las instalaciones militares en Sinaloa, bajo la protección del Ejército.
La posición del gabinete de seguridad era totalmente previsible. En mi caso, y probablemente en el de Loret también, un desmentido era esperado, no porque dudáramos de las fuentes que nos proporcionaron la información, sino porque no podían ignorar que la 4T había sido expuesta en la protección, encubrimiento y defensa de Rocha Moya, como si fuera la punta de la madeja que podría deshilacharse. Es parte de la dinámica y la tensión en la que viven, aquí y donde hay libertad de expresión, los gobiernos y los medios. También, este tipo de trascendidos, un subproducto de las democracias, reflejan los desacuerdos dentro de los gobiernos, que terminan litigándose en la opinión pública.
Loret se sostendrá en lo que publicó, otorgando crédito a sus fuentes de información. Yo también. Lo escrito, como otros colegas lo han hecho, aportan contextos y datos adicionales que arropan y soportan las columnas. El choque con los gobiernos, cuando la incomodidad es mayor, es normal y, por definición, natural. En el caso de las dos columnas refutadas, que aunque distintas, se complementan al partir de la misma premisa: la protección del gobierno a Rocha Moya, que desde la noche del 30 de abril, el día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto con otros nueve servidores públicos en Sinaloa de complicidades con el Cártel de Sinaloa, y en particular con los chapitos, dejó de vivir en su casa en Culiacán.
El ruido amplificado en Palacio Nacional con este tipo de aclaraciones, pero sobre todo, con la búsqueda de un enemigo externo de la Patria -el gobierno de Donald Trump y el exembajador en México, el demócrata Ken Salazar-, para justificar la defensa abierta e infranqueable de Rocha Moya, tiende una enorme cortina de humo sobre la otra cara de la captura de Ismael Zambada, hasta hace dos años el jefe de la organización criminal más poderosa del mundo: ¿por qué se lo llevaron subrepticiamente? ¿qué falló en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la operación fuera exitosa?
Veamos:
1.- La impunidad que gozó Zambada durante cuatro décadas. Los gobiernos de Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón lo buscaron y lograron cinco órdenes de aprehensión en 1998, 2002, 2003 y 2009, pero nunca lo detuvieron. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador no lo molestaron con órdenes de aprehensión adicionales, ni con nuevas carpetas de investigación. Lo que fue evidente durante el sexenio pasado, fue el respeto y deferencia de López Obrador hacia los líderes del Cártel y sus familias, laxitud en la aplicación de la ley, y tolerancia a su expansión en el tráfico ilegal de fentanilo, cuyas omisiones y complicidades en varios estados al estallar la crisis de salud por esa droga en Estados Unidos en 2019, crearon las condiciones para que, ante la inacción del gobierno, actuara Washington directamente.
2.- La captura de Zambada en una finca en Culiacán, pasó desapercibida para el Centro Nacional de Inteligencia, que vela por la seguridad nacional. Las investigaciones en Estados Unidos sobre la construcción de una economía criminal alterna durante el obradorismo, como la sintetizan funcionarios de ese país, detallan cómo el jefe del CNI, el general Audomaro Martínez, tenía enlaces con todos los cárteles, pero nunca se enteró a priori lo que estaban planeando los chapitos en colaboración con las autoridades estadounidenses.
3.- El avión en que trasladaron Zambada a Nuevo México, no fue detectado por la Marina, que opera los radares en el país. Funcionarios mexicanos dijeron que se debió a que voló por debajo de alcance de los radares. El Estado Mexicano tenía en Plataforma México la capacidad de detectar la trazabilidad de aviones que volaran sin autorización en el espacio aéreo mexicano mediante satélites, pero fue destruida por el responsable de la seguridad en el gobierno de Peña Nieto, Manuel Mondragón, con el aval del presidente y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Mondragón fue asesor de Alfonso Durazo en la transición, y le ayudó a preparar el plan de seguridad que implementarían en el primer piso de la 4T: abrazos y no balazos.
La protección a Rocha Moya es imposible de esconder. El relato del Departamento de Justicia estadounidense sobre cómo los chapitos le dieron dinero, amenazaron y secuestraron candidatas y candidatos de oposición para impulsarlo a la gubernatura, es una síntesis de las denuncias que presentaron los afectados en 2021 y que nunca les dieron curso. Ahí están parte de las pruebas que exige el gobierno para respetar el Tratado de Extradición.
Además está la carta pública de Zambada, ya preso en Estados Unidos, donde lo imputa y acusa de traicionarlo, revelando que el diputado Héctor Melesio Cuén, con quien se iban a reunir, no fue asesinado como informó la fiscalía sinaloense. El exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, que investigó el crimen pero ignoró la acusación contra Rocha Moya, concluyó que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, pieza del senador Enrique Inzunza, otro de los imputados por Washington, mintió y manipuló evidencia criminal. Quiñones renunció, fue investigada, y no pagó por nada. Claudia Zulema Sánchez, que la sustituyó, fue su vicefiscal en Culiacán, y según fuentes sinaloenses, fue quien falseó en el campo, las condiciones del asesinato.
Identificar a Estados Unidos y a Salazar como el enemigo externo apelando a 180 años de agravios e intervenciones, es un recurso político usado por gobiernos débiles que buscan cohesión en un momento de crisis, que puede servir, pero también puede ser contraproducente y revertirse de manera más brutal y definitiva, que es quizás en la disyuntiva en la que se encuentra el gobierno de Sheinbaum y su intento, para salvar a Rocha Moya y a quienes lo apoyaron en la 4T, fugarse hacia delante.
