La senadora Julieta Ramírez se ha convertido en la segunda figura de Morena que firma un acuerdo con fiscales de Estados Unidos para colaborar con el Departamento de Justicia, lo que significa que a cambio de información sobre actividades criminales de otras figuras del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pueda encontrar leniencia cuando, en dado caso, la lleven a juicio por presuntas actividades delincuenciales. La senadora, que navegaba sobre aguas tranquilas para quedarse con la candidatura para el gobierno de Baja California, dijo que todo se trataba de un “mitote”, pero no desmintió su acercamiento con autoridades estadounidenses.
Ramírez fue atrapada en medio de la precampaña de trámite para una candidatura que estaba preasignada desde Palacio Nacional, por una investigación de N+ difundida el lunes en su noticiario estelar, en el que Alejandra Barriguete y Luis Villegas revelaron que tuvieron acceso a lo que se conoce como un “proffer agreement” entre la oficina del fiscal en San Diego, en donde se compromete a entregar información relacionada con delitos, a cambio que el Departamento de Justicia no utilice sus declaraciones en su contra durante un juicio.
La revelación es una carambola criminal que pega directamente al senador Adán Augusto López Hernández, al estratega electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Silva, y de manera colateral al personaje en la boca de miles estos días, Andrés Manuel López Beltrán. N+ sacudió un árbol en Baja California y descuadró el deseo de Sheinbaum para ir colocando en gubernaturas personas que pudieran responderle a ella, como parte de una estrategia para ir ampliando su poder territorialmente, que en estos momentos controla su antecesor.
La senadora, en quien la presidenta confía -o confiaba al menos-, empezó a entrar en turbulencias a principios de septiembre, cuando el medio digital Pie de Nota publicó audios y capturas de pantalla de WhatsApp, que muestran cómo articula una campaña en redes a favor de López Hernández y memes contra Sheinbaum, durante el proceso de Morena para escoger su candidata a la Presidencia. Ramírez desestimó audios y mensajes una vez más, sin desmentir, señalando que era una campaña de desprestigio interna, que llamó “guerra sucia”.
En una secuencia de hechos, primero se vio la intención de enfrentarla con la presidenta y restarle bonos con Sheinbaum, y en la segunda se revela una fractura de la senadora con quien la escogió -la inquilina de Palacio Nacional-, aunque aún queda la duda si originalmente fue una idea de la presidenta, o fue inducida por Silva, que es lo más probable por su notoria y asombrosa falta de información. De ser este el caso, es todavía más grave.
Si Sheinbaum respaldó a Silva, su estratega electoral de cabecera la engañó. No le dijo que Ramírez no sería incondicional de ella, sino que respondía a los intereses del senador López Hernández, que es enemigo de la presidenta, resentido aún porque le ganó una candidatura que sentía suya la contienda de las llamadas “corcholatas”. Tampoco le advirtieron en Morena, su partido, que pese a los llamados e instrucciones que dio para que se revisaran escrupulosamente las candidaturas para evitar que fueran material para investigaciones o acusaciones en Estados Unidos, no se enteró de nada.
De cualquier forma, la revelación de Barriguete y Villegas también debió haber caído de sorpresa entre los patrocinados de Ramírez, que tienen cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Silva se encuentra en dos expedientes en las cortes federales de Texas, señalado de formar parte de la red criminal que organizó el empresario Sergio Carmona -con quien trabajó estrechamente- para financiar con huachicol ocho campañas para gobernador en 2021. López Hernández forma parte de otra indagatoria por contrabando de combustible, en donde fue vinculado con López Beltrán.
Silva se ha convertido en un operador de dos cabezas, respondiendo a la presidenta, pero en materia electoral, inclinándose hacia la trinchera del senador. Previamente a saberse lo de Ramírez, otra de las candidatas que deseaba Sheinbaum para la gubernatura de Quintana Roo, como alternativa al senador Eugenio Segura, la alcaldesa de Benito Juárez -donde está Cancún-, Ana Patricia Peralta, también estaba trabajando para los enemigos de la presidenta, de acuerdo con una fuente estadounidense, entregándoles información al exdirector de Aduanas, Rubén Marín Mollinedo, y al ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez, que son incondicionales de López Obrador.
Mediante cancelación de visas, acusaciones e información que fluye a medios mexicanos, se está dando una depuración de figuras de la nomenklatura radical del obradorismo, al tiempo que, por el otro lado, están emergiendo agendas políticas que no responden a la presidenta, aunque así lo crea ella, sino a sus adversarios dentro de la 4T. Silva, que se encuentra en medio de ese doble juego pero se mantiene en su cargo sin cartera, le está jugando la contra en entidades donde el senador y López Obrador tienen otras ideas sobre las candidaturas estatales.
La presidenta se encuentra rodeada de personas que cargan explosivos en el cuerpo. Silva no es el único, sino también quien lo introdujo en las altas esferas de Morena cuando era vocero de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Sheinbaum, y que también está en expedientes en las cortes federales de Texas, donde lo señalan de haber trabajado con Carmona y haber recibido su dinero para las campañas políticas de Morena en 2021.
De ahí la enorme relevancia de la senadora Ramírez y el “proffer agreement” con la fiscalía en San Diego, que es un documento que también firmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, otra potencial informante de Estados Unidos. La información que tienen ambas sobre las rutas del dinero que salió de las cajas de seguridad en Tamaulipas, donde estaba Carmona, así como de otros financieros oscuros, sus vinculaciones con Silva y la estructura de poder que mantiene López Obrrador a través de personajes como el senador López.
La presidenta tiene una bomba de tiempo en las manos. Es idéntica a la que tiene con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero prefiere no hacer nada. Su discurso de defensa de la soberanía se estrella en la inacción, que es notable frente a la actitud de colaboracionistas como Ramírez y Ávila, que viola la soberanía mexicana pactando con los fiscales en Estados Unidos, prefiriendo voltear para el otro lado, hasta que una nueva revelación la vuelva a sacudir.
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