KENJI NO SALDRÁ

La renuncia al plazo de ser juzgado es un derecho exclusivo de los imputados, explicó Rosillo. FOTO: INQRO
La renuncia al plazo de ser juzgado es un derecho exclusivo de los imputados, explicó Rosillo. FOTO: INQRO

Fernando García Ávalos (a) “Kenji”, interno en el penal de San José el Alto desde hace dos años por el homicidio de la joven Yosheline Arenas Heredia, ha renunciado nuevamente a su plazo para se juzgado por que se encuentra en una fase de presentación de pruebas a su favor. Así lo declaró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Consuelo Rosillo Garfias. Al confirmar la información que PLAZA DE ARMAS ya había dado a conocer el pasado 16 de octubre, la Magistrada refirió que no hay un límite de renuncias que el inculpado pueda presentar al plazo de juicio y aún cuando reconoció que desde el punto de vista de los afectados puede interpretarse como una forma de entorpecer las investigaciones, es un derecho que le corresponde al inculpado “Lo establece el Artículo 16 de la Constitución. Es un derecho del inculpado la renuncia al plazo para ser juzgado y es un derecho exclusivo del procesado. No hay límite de renuncias a sus plazos”.

Consuelo Rosillo, acotó que García Ávalos no tiene posibilidad alguna de solicitar su libertad y recordó que el delito por el que se le acusa es de homicidio calificado y ello, le cierra cualquier posibilidad de salir bajo caución. Aseveró que deberán esperar a la conclusión de las investigaciones para saber si la Fiscalía General del Estado hará alguna consideración que agrave o matice el delito de Kenji. Añadió que de las pruebas que el inculpado ha presentado, algunas fueron desechadas y otras, fueron aceptadas como válidas por parte del Juez y son las que se encuentran en desahogo. Apuntó que aún cuando no se ha establecido con claridad el móvil del asesinato, el resultado es lo que habrá de encaminar el fallo de las autoridades.

La defensa de Fernando García Ávalos, ha promovido un recurso para reclasificar el delito por una prueba presentada y admitida por el juez y la reclasificación de su delito de homicidio calificado a preterintencional al argumentar que nunca fue su intención dar muerte a la joven y que todo ocurrió en el marco de una sesión fotográfica.

Como se recordará, la joven Yosheline –de 19 años de edad- y “Kenji”, supuesto estudiante de sistemas computacionales, originario de la Ciudad de México, coincidían en la iglesia denominada Conexión Vertical del Municipio de Corregidora, en donde se relacionaron.

La joven Arenas Heredia desapareció el 11 de diciembre del 2015, después de acudir a un gimnasio en la capital queretana. Un video obtenido por la familia y avalado por la Procuraduría de Justicia del Estado, la ubicó subiéndose a un vehículo Yaris de Toyota, color gris, con placas de circulación del estado de Nuevo León.

Durante varias semanas la familia pidió el auxilio de las autoridades y de la sociedad para localizar a Yosheline, cuyos restos aparecieron el 18 de enero en un predio de Saldarriaga, sin que en un principio se pudiera confirmar su identidad.

Pruebas de ADN y tatuajes que se había realizado junto con Fernando García Ávalos en un establecimiento de Jardines de la Hacienda no dejaron dudas de que se trataba de ella.

La familia sin embargo se aferraba a la idea de que hubiera un error y solicitó un proceso de rehidratación de los restos, que desafortunadamente ratificó el resultado. Sin embargo fue hasta febrero del 2016 cuando pudo acreditarse la presunta responsabilidad de Fernando García Ávalos, detenido en su domicilio del Fraccionamiento Las Bahamas, en la Avenida Camino Real de Corregidora.

En el cateo se encontró parte de la cuerda utilizada por “Kenji” en la sesión con Yosheline, causándole fractura de la quinta cervical y muerte por asfixia.

El día 25 de febrero de 2016 se le dictó formal prisión a Fernando García Ávalos, quien permanece desde entonces en el Penal de San José El Alto, renunciando a los plazos legales para recibir sentencia, en una lucha por tirar el cargo de homicidio calificado por el que podría recibir una sentencia de 50 años o si prospera su defensa salir en libertad.

POR: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ

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