Mientras las emisiones globales siguen marcando récords, los efectos del calentamiento global no se reparten de manera uniforme. De ahí que la crisis climática no es solo un fenómeno de grados centígrados y gases de efecto invernadero, sino que es, fundamentalmente, una crisis de derechos humanos. Y aquí es donde surge la justicia climática, como un concepto que nos recuerda que quienes menos han contribuido al problema están pagando los costos más altos.
El corazón de la injusticia radica en la desigualdad geográfica y económica. Los países de ingresos altos y las grandes corporaciones industriales han construido su desarrollo sobre la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, las consecuencias más devastadoras —sequías prolongadas, huracanes más intensos y la subida del nivel del mar— golpean con mayor fuerza al Sur Global y a las comunidades más vulnerables del planeta. No es una coincidencia, es una falla estructural del sistema
Detrás de las estadísticas de pérdida de biodiversidad hay familias reales y comunidades indígenas que pierden sus territorios ancestrales, agricultores locales que ven morir sus cosechas debido a patrones climáticos impredecibles y poblaciones costeras obligadas a desplazarse, convirtiéndose en refugiados climáticos. Y para ellos, la adaptación no es una opción de estilo de vida, es una estrategia de supervivencia inmediata.
Abordar este desafío requiere soluciones que vayan más allá de la tecnología verde. La justicia climática exige una transición justa, un cambio hacia energías renovables que no desampare a los trabajadores de los sectores tradicionales y que incluya financiamiento internacional real. Los fondos para pérdidas y daños no son actos de caridad, sino mecanismos de responsabilidad histórica y reparación.
El cambio climático nos afecta a todos, pero la velocidad del impacto depende del código postal y del nivel de ingresos. No podremos resolver la crisis ambiental si ignoramos la desigualdad social que la alimenta. Exigir justicia climática es entender que salvar el planeta consiste, ante todo, en proteger a las personas.
Así tenemos que la justicia climática es un enfoque político, ético y social que trata la crisis del cambio climático no solo como un problema científico o ambiental, sino como una cuestión de derechos humanos y de profunda desigualdad global.
Pero para entender la justicia climática, el concepto se divide en cuatro dimensiones clave, a saber:
Justicia Distributiva: Exige que los costos de mitigar el cambio climático y los beneficios de la transición ecológica se repartan de forma equitativa. No es justo que las naciones del Sur Global paguen facturas altísimas por un problema que no crearon.
Justicia Procedimental: Defiende que las comunidades más afectadas (pueblos indígenas, agricultores, mujeres, jóvenes) tengan voz y voto real en las mesas donde se diseñan las leyes y tratados climáticos mundiales.
Justicia Retributiva o de Reparación: Plantea que los mayores emisores históricos (países industrializados) tienen una deuda climática con el resto del mundo y deben financiar la adaptación y compensar los daños irreversibles (fondos de pérdidas y daños).
Justicia Intergeneracional: Nos recuerda que las decisiones de hoy afectarán directamente los derechos y la supervivencia de las infancias actuales y de las generaciones futuras.
Cabe señalar que, en mayo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica (con 141 votos a favor) para operativizar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictada a mediados de 2025.
Obligación legal: Esta resolución establece formalmente que mitigar el cambio climático no es solo una opción moral o un pacto voluntario (como el Acuerdo de París), sino un deber jurídico internacional bajo los derechos humanos.
Consecuencias y reparaciones: Determina que los Estados que incumplan sus promesas de reducción de emisiones y sigan subsidiando la expansión de combustibles fósiles incurren en responsabilidad legal, lo que abre las puertas a que deban ofrecer reparaciones financieras por los daños históricos causados a las naciones vulnerables.
En esta medida podemos decir que el concepto de “justicia climática” como tal, se consolidó a principios del siglo XXI, en los siguientes eventos:
La Cumbre de Justicia Climática (2000): Que se celebró de forma paralela a la COP6 de la ONU en La Haya. Donde los activistas de todo el mundo firmaron una declaración afirmando que el cambio climático es un asunto de derechos humanos.
Posteriormente Los Principios de Bali en el 2002: Donde una coalición de organizaciones sociales redactó los “Principios de Bali sobre Justicia Climática”, que fue el primer documento que formalizó internacionalmente las demandas de justicia distributiva y procedimental.
Algunos de dichos Principios son los siguientes:
Reivindicando la sacralidad de la Madre Tierra, la unidad ecológica y la interdependencia de todas las especies, la Justicia Climática insiste en que las comunidades tienen derecho a estar libres del cambio climático, sus impactos relacionados y otras formas de destrucción ecológica.
La justicia climática afirma la necesidad de reducir, con el objetivo de eliminar, la producción de gases de efecto invernadero y los contaminantes locales asociados.
La justicia climática afirma el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas a representarse a sí mismos y a hablar por sí mismos.
La Justicia Climática afirma que los gobiernos son responsables de abordar el cambio climático de una manera que sea democráticamente responsable ante su pueblo y de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
La justicia climática exige que las comunidades, en particular las afectadas, desempeñen un papel protagonista en los procesos nacionales e internacionales para abordar el cambio climático.
La Justicia Climática se opone al papel de las corporaciones transnacionales en la configuración de patrones de producción y consumo y estilos de vida insostenibles, así como a su papel en la influencia indebida en la toma de decisiones nacionales e internacionales.
La justicia climática exige el reconocimiento de un principio de deuda ecológica que los gobiernos industrializados y las corporaciones transnacionales tienen con el resto del mundo como resultado de su apropiación de la capacidad del planeta para absorber gases de efecto invernadero.
Reafirmando el principio de la deuda ecológica, la Justicia Climática exige que las industrias de combustibles fósiles y extractivas sean consideradas estrictamente responsables de todos los impactos pasados y presentes del ciclo de vida relacionados con la producción de gases de efecto invernadero y los contaminantes locales asociados.
Reafirmando el principio de la deuda ecológica, la justicia climática protege el derecho de las víctimas del cambio climático y las injusticias asociadas a recibir una compensación, restauración y reparación íntegras por la pérdida de tierras, medios de subsistencia y otros daños.
La Justicia Climática exige una moratoria sobre toda nueva exploración y explotación de combustibles fósiles; una moratoria sobre la construcción de nuevas centrales nucleares; la eliminación gradual del uso de la energía nuclear en todo el mundo; y una moratoria sobre la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos.
La justicia climática aboga por recursos energéticos limpios, renovables, controlados localmente y de bajo impacto en aras de un planeta sostenible para todos los seres vivos.
La justicia climática afirma el derecho de todas las personas, incluidas las personas pobres, las mujeres, las poblaciones rurales y los pueblos indígenas, a tener acceso a energía asequible y sostenible.
La Justicia Climática afirma que cualquier solución tecnológica o basada en el mercado para hacer frente al cambio climático, como el comercio de emisiones de carbono y la captura de carbono, debe estar sujeta a los principios de responsabilidad democrática, sostenibilidad ecológica y justicia social.
Para finalizar, la justicia climática en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México la entiende como la obligación constitucional de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, integrando la equidad, los derechos humanos, el principio precautorio y la participación ciudadana en la toma de decisiones frente a la crisis climática.
