La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga una red de contrabando de hidrocarburos por vía ferroviaria que habría causado un perjuicio a la hacienda pública por más de cuatro mil millones de pesos, y cuya operación comprendía puntos de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país.
La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial debido a las altas temperaturas y al desconocimiento de la sustancia que contenían. Las autoridades realizaron inspecciones, tomaron muestras, practicaron dictámenes periciales e implementaron medidas de seguridad y preservación de indicios.
Las diligencias se extendieron posteriormente al análisis de la cadena logística completa. Así, la FGR identificó otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales presentaban características similares de importación irregular: únicamente se habría declarado el 10 % de lo que realmente transportaban. Esto permitió gradualmente reconstruir la ruta empleada para trasladar el combustible.
La investigación apunta a una estructura empresarial
Mediante el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentos corporativos, la Fiscalía identificó a la principal empresa importadora, constituida en agosto de 2018 en la CDMX por José “N” y dos personas morales. Un par de meses después, Ernesto “N” (Ruffo) se incorporó a su capital variable, con lo que fortaleció su presencia en la estructura societaria.
Según la investigación, Ernesto “N” ya figuraba como accionista en 2021 y fue designado secretario del Consejo de Administración. Junto con José “N”, habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad. La FGR señaló que ambos comparecieron conjuntamente en actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes relacionados con la administración, el comercio exterior y las gestiones fiscales y aduaneras.
La empresa amplió posteriormente su objeto social para incorporar el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos; así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético. La Fiscalía sostuvo que sus propias investigaciones revelaron la posible participación de las personas vinculadas a proceso en días recientes y aseguró que el caso no deriva de una persecución política, como han reclamado diversos personajes de la vida nacional sin pruebas que lo sustenten.
Peritajes fortalecen la investigación
Hasta ahora se han integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes de química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos. Estos estudios permitieron analizar la naturaleza del combustible, la capacidad real de los ferrotanques, los volúmenes transportados y si el producto correspondía a gasolina o diésel.
La FGR indicó que la investigación pasó de un hallazgo aparentemente aislado a la identificación de una estructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos, una operación ferroviaria especializada y una red logística interestatal. Precisó que, por el contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, hasta el momento se ha imputado un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos.
