El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este lunes una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera en Venezuela, para permitir que las instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria al país tras los terremotos del mes pasado.
La medida establece que la Red de Control de Delitos Financieros no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela (país bajo sanciones unilaterales por parte de EE.UU.) entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
La decisión busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses puedan procesar operaciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos, al reducir el riesgo de sanciones regulatorias por posibles dificultades de cumplimiento durante esas transacciones autorizadas.
La ayuda no implica el levantamiento de las sanciones
El Tesoro explicó que las instituciones financieras deberán mantener sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y seguir respetando las sanciones vigentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La protección anunciada no cubrirá violaciones intencionales o deliberadas de las normas financieras estadounidenses, según un comunicado de la dependencia.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, presentado el jueves pasado, los daños provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela tendrán un costo estimado de 19 mil 600 millones de dólares, lo que podría frenar la recuperación económica del país durante una década.
Terremotos dejaron daños millonarios
Tales sismos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente de Venezuela.
Estados Unidos comenzó a imponer sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos en 2015, durante la Administración de Barack Obama, y posteriormente amplió las medidas económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro a partir del año 2017.
El régimen de sanciones se endureció en 2019 con restricciones más amplias sobre la economía venezolana, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias y excepciones específicas para permitir determinadas operaciones, entre ellas algunas relacionadas con el sector petrolero, especialmente tras los cambios políticos registrados en Venezuela después del secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
