FERNANDO CORZANTES / LA PENURIA EDUCATIVA

ENCUENTRO CIUDADANO

Para nadie es desconocido que la mayoría de los gobernadores, así como la administración federal han desbordado ignorancia y desprecio por el conocimiento y las finas disciplinas de la cultura.  La asignación de presupuestos para éstas áreas lo demuestran.  Desde hace casi una década, el presupuesto para cultura, cine, arte y deporte no ha dejado de disminuir. Cada año el sector ejerce hasta 21% menos que en 2012, con recortes de hasta un 35%.  De acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México dedica únicamente 0.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a las áreas de investigación y desarrollo. Esta proporción es idéntica a la reportada por esta organización para países africanos como Tanzania, Uganda, Senegal y Botswana. Comparativamente, países como Israel, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Finlandia y Suecia orientan más de 3% de su PIB a este importante rubro.  En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tuvo este año una reducción de 6 mil 700 millones de pesos, equivalente a 30% del presupuesto asignado en 2016 y 17.  Si la SHCP estimó un excedente en los ingresos, cabe preguntar ¿por qué se ha castigado a la Secretaría de Cultura, al Conacyt con recortes presupuestales? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda o su ex titular, ha decidió castigar de manera más severa, a las áreas estratégicas de educación, ciencia, tecnología, salud e innovación? ¿Por qué pretender asfixiarlas?  Y para las universidades públicas, que tienen la función de ser generadoras del 80% del conocimiento científico y la innovación tecnológica del país, éstas son condenadas a enfrentar permanentes recortes presupuestales que complican el desarrollo de sus tareas sustanciales.  Cifras de un informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que entre 2015 y 2017 cerca de 866 mil mexicanos emigraron del país, entre ellos, “científicos, técnicos y personal altamente calificado” y los recortes pueden empeorar la fuga de cerebros que existe en el país.

El financiamiento universitario ha pasado por diversas etapas, que desde el sexenio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez se definió como inercial y negociable; es decir sujeto a la negociación política; que pasó por la crisis de 1982 y el crecimiento del financiamiento público de 1990 a 2014, hasta llegar a lo que hoy se denomina como “crisis de las finanzas públicas” en el periodo comprendido del año 2015 al 2019.   Actualmente casi la totalidad de las universidades públicas sufren de asfixia económica que las debilita y coloca en posiciones de sumisión política en algunos casos, incluso las orilla a buscar otras fuentes de recursos que no necesariamente están libres de conflictos de interés.  La falta de presupuesto justo y oportuno, es una apuesta con un altísimo riesgo social.  La insuficiencia de recursos pone también en entredicho la autonomía universitaria.  Pero, el que haya una mayor participación de recursos del Estado en el financiamiento de las universidades  no debe implicar el menoscabo de la autonomía de las universidades, como tampoco se da en menoscabo de la responsabilidad que tienen las universidades de rendir cuentas.  Son dos cosas que deben quedar muy claras; el Estado tiene una obligación, su deber es proveer los recursos para que se dé educación (en todas sus ramas) de buena calidad al mayor número de jóvenes posible. En contraparte, las universidades e instituciones de investigación, tienen también obligaciones con las cuales responden a la confianza de la sociedad y a los recursos que el Estado les da, que son fundamentalmente ofrecer servicios de calidad y rendir cuentas claras del destino de esos recursos.

El rezago financiero se ha acumulado por más de 18 años, toda vez que del 2000 al 2018 el número de alumnos que atienden las IES se elevó en 117% mientras que el gasto federal sólo obtuvo un 70%.  En este rubro la 4T se ha quedado corta.

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