Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

VIGENCIA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Más allá de las historias y anécdotas de la gesta en la que se logró la autonomía universitaria en Querétaro hace 60 años, está en sí su valor y vigencia, ya que sin la autonomía, la Universidad estaría cercenada. Es parte de su fuerza vital, motor de la creatividad y seguro contra la avidez de grupos y sectores políticos, religiosos y de orden económico. Es el principio que le permite la crítica objetiva y la propuesta desinteresada, y que le posibilita ser conciencia de nuestro estado.

Desde sus orígenes las universidades representan una permanente aspiración de autonomía y libertad frente a los poderes civiles, políticos o eclesiásticos. Las primeras universidades se constituyeron como corporaciones, la “universitas”, es decir, el gremio o corporación de los que enseñan y aprenden, de los maestros y discípulos dedicados al oficio de aprender los saberes. Estas corporaciones nacieron con privilegios y autonomía.  Posteriormente, el término universitas sirvió para referirse a la institución como tal y más tarde para aludir a la universalidad de la enseñanza de todas las ramas del conocimiento.

El desenvolvimiento histórico de la universidad nos muestra, desde sus orígenes, la tensión que ha existido entre la autonomía de la comunidad universitaria y los poderes públicos y religiosos, siempre deseosos de controlarla.  Desde la consolidación de los Estados nacionales, la tensión se manifiesta entre el Estado y la universidad, de suerte que la autonomía de ésta se define principal, aunque no exclusivamente, frente al Estado, representado por el gobierno central.  En última instancia, la autonomía será desde entonces el resultado de la particular relación que se establece entre el Estado y la universidad, según sea el contexto político y socioeconómico. Por eso la autonomía no se reduce a ser meramente una cuestión estatutaria o que pueda resolverse por un precepto jurídico.  La verdadera autonomía deriva del ámbito de libertad reconocida a la universidad por el Estado por razón de que acepta la autoridad que ésta posee ya por sí misma. En este sentido, perdura la autonomía espiritual de la universidad aún allí donde se ha convertido en miembro uniforme de la actividad administrativa del Estado. La fascinante historia de la universidad en los distintos países es sólo la historia de las distintas formas que ha tomado esa relación y de los delicados mecanismos de equilibrio que la han mantenido.   De ahí que el problema de la autonomía universitaria se relacione con uno más amplio, el de la distribución del poder en la sociedad, que requiere una redefinición en cada época histórica.

La tendencia hacia el absolutismo que caracterizó a los recién constituidos Estados nacionales, afectó la autonomía de las universidades, que en muchas ocasiones perdieron su tradicional independencia y fueron incorporadas al engranaje estatal. Además, el Estado trató también de utilizarlas para su propósito de afirmación nacional frente a los poderes supranacionales.  En el caso específico de la UAQ, la autonomía ha sido una dimensión fundamental en su desarrollo. Es una prerrogativa que implica derechos y obligaciones, entre ellos: gobernarse a sí misma, realizar sus fines propios, administrar su patrimonio, determinar sus planes y programas, fijar los términos de su relación con su personal, fungir como un espacio de libertad intelectual en el que se estimule el libre examen y la discusión de las ideas, interesarse en los asuntos que preocupan a la sociedad, rendir cuenta pública del uso de los recursos que se le asignan y estar al servicio de toda la sociedad.   Por la responsabilidad social que implica la autonomía universitaria, la Universidad está obligada a mantener siempre vigentes niveles adecuados de competencia científica y tecnológica, a preservar y cultivar los valores del humanismo, así como a promover y desarrollar una cultura de los derechos humanos. Esa precisamente es la agenda que tenemos en estos momentos. Ubicar la discusión sobre el financiamiento de la educación superior en el terreno de las políticas públicas y vincular los beneficios de ésta para las demás prioridades. Así, el estrecho ámbito en el que se han desarrollado las conversaciones sobre el financiamiento de la educación superior en Querétaro debe ser ampliado significativamente, para que la Universidad reitere su compromiso y su contribución a la sociedad.

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