ENCUENTRO CIUDADANO
Justicia pobre, ministros ricos
Eran los años de las vacas gordas del sexenio de López Portillo. Enuna reunión de gabinete e Los sueldos de los funcionarios públicos están a debate actualmente y son motivo de confrontación con el gobierno de López Obrador, en particular el Poder Judicial. Sus integrantes son (entre otros) los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Jueces de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
En un análisis de plazas y remuneraciones del Poder Judicial se muestra en 2018, se señala que cada uno de los ministros y magistrados obtienen un monto mensual de 578,186 pesos. Muy cercano a los 600 mil señalados por López Obrador. Una de las voces especializadas en el tema, el catedrático de la UNAM Alberto del Castillo del Valle, indicó que en el caso del Poder Judicial la resolución de bajar los salarios podría verse complicada debido al marco legal vigente. Ya que el Artículo 94 de la Constitución dice que las remuneraciones que perciben por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de distrito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales no podrán ser disminuidas durante su encargo.
Por otra parte el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídica la UNAM, César Astudillo, precisó que el artículo constitucional que de manera más amplia aborda el tema, es el 127, que precisa que nadie podrá ganar más que el presidente de la República. Sin embargo hay otros artículos que establecen algo que se llama garantía económica (como el señalado artículo 94) y lo que hace es proteger a ciertos funcionarios públicos para que en el tiempo de su encargo no puedan ver disminuidas sus prestaciones económicas, con el objetivo de blindar su trabajo ante las decisiones políticas que se toman y dentro de los cuales se encuentran algunos órganos autónomos. Y la experiencia del Instituto Nacional Electoral es aleccionadora, ya que ahí no pudieron bajarse el sueldo. El año pasado, dos meses después de que el INE propusiera, entre otras medidas de austeridad, reducir 10% las remuneraciones de los consejeros electorales, el Tribunal Electoral resolvió la improcedencia del ofrecimiento. La máxima autoridad resolvió que la Junta General Ejecutiva del INE carecía de facultades para aprobar una disminución salarial de los consejeros y funcionarios del organismo autónomo.
Más allá de esta experiencia, el artículo 17 Constitucional consagra como garantía el derecho a una justicia expedita. Y la realidad nos dice que generalmente no se cumple con el imperativo constitucional ya que el Poder Judicial, además de ser el más caro, acumula más de millón y medio de asuntos pendientes y es el más atrasado en cuanto asunto por resolver; a pesar de recibir más de 70 mil millones de pesos, de los cuales más de 45 mil millones de pesos son para servicios personales.
Tal vez por ello es el más numeroso y el que goza de los mayores privilegios y prestaciones, pero es hoy el de mayor rezago y tiene 1 millón 584 mil 598 asuntos pendientes de resolver. Y se estima que los expedientes en la mesa de espera del Consejo de la Judicatura Federal se incrementarán, advierte un diagnóstico contenido en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2018. La “carga de trabajo” se ha incrementado al pasar de 426 mil 012 asuntos en 1995 a 1 millón 323 mil 572 asuntos a julio de 2015. Con una plantilla de 40 mil servidores públicos, de los cuales el 92% tiene funciones de naturaleza jurídica y 8% corresponde a personal de apoyo administrativo, este Poder es privilegiado en el reparto de recursos económicos.
La gigantesca estructura burocrática judicial abarca 811 órganos jurisdiccionales, integrados con 847 magistrados de circuito y 434 jueces de distrito, que reciben más de un millón de asuntos al año en las distintas materias de derecho. Además, 830 defensores públicos y 161 asesores jurídicos, que brindan sus servicios en 138 localidades del país; entre éstos se cuentan los especializados en atender a la población indígena en 21 lenguas; 14 centros de justicia penal que integran 28 salas, conforme al nuevo sistema de impartición de justicia; y 47 centros de formación y capacitación especializada. Sin embargo, todos estos recursos no son suficientes para cumplir con la misión y visión de brindar un servicio de impartición de justicia de calidad en beneficio de la población. Y ahora, lo que viene es la acometida del grupo de funcionarios millonarios que se niegan a aceptar el cambio de modelo del servicio público.
