Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Una Fiscalía parcial

Los hechos: Dafne McPherson cumple una condena de 16 años de prisión tras sufrir un parto fortuito en la tienda Liverpool de San Juan del Río (Querétaro) en 2015. El personal de la tienda no permitió el ingreso a los paramédicos de la Cruz Roja, y en su lugar, un servicio privado conocido como “Ambulancias Beyen” auxilió a Dafne.  Los abogados de la víctima han recabado pruebas de que estos paramédicos no tienen cédula profesional y por ende, son incapaces de atender emergencias obstétricas.  Los registros médicos revelan que Dafne fue trasladada al hospital pasada más de una hora de ocurrido el parto fortuito, y por medio de su relato, se conoce que la recién nacida no fue auxiliada inmediatamente, y para el momento que la intentaron ayudar, ya había perdido la vida. Dafne llegó al hospital ya escoltada por la policía del estado.   Las autoridades encargadas de impartir justicia de Querétaro nunca entrevistaron a Dafne sobre los hechos ocurridos el 17 de febrero de 2015 y omitieron investigar su condición médica que le impidió percatarse del embarazo. Al final, la consecuencia de investigar un homicidio y no analizar una complicación obstétrica, hizo que Dafne recibiera la pena de 16 años de prisión por el asesinato de la recién nacida, por parte de la Sala Superior del Tribunal de Querétaro, quién sólo escucho a la Fiscalía cuyo personal actúa en toda la extensión de la palabra, como policía.  Basta ver su proceder, donde no hay un solo atisbo de capacitación en perspectiva de género e igualdad.   Por ello la inercia en confirmar el que se mantendrán la acusación en contra de Dafne McPherson y cumpla la sentencia, amañada por el fiscal del Ministerio Público Gustavo Dolores Acosta, quién señaló sin tomar en cuenta el principio de inocencia, que ni una “perra provocaría la muerte de su hijo”.  Este es el Querétaro medieval, donde la Fiscalía actúa como miembro visionario de una cruzada religiosa al afirmar su titular que “Nosotros vamos a sostener la acusación que desde un principio hemos estado sosteniendo y no vamos a bajar nuestra acusación, vamos a seguir sosteniendo la acusación por la cual iniciamos la carpeta de investigación y solo decir que sostenemos la acusación”. Vaya si quiere sostenerla, no queda duda.  Y aun así señala que queda demostrado que “el juicio se desarrolló con perspectiva de género como marca la ley”.

Pero lo anterior no es nuevo, el pasado 14 de agosto, el Fiscal en entrevista afirmó que “cualquier homicidio en agravio de una mujer, por muy violento que sea no necesariamente tiene que ser feminicidio”.  Por ello sólo dos casos en este sexenio han sido tipificados de esta forma.  Pero existen otras cifras, como las del Consejo Incluyente por una Cultura de Igualdad, Derechos, Impulso y Respeto Hacia las Mujeres, que registro 66 feminicidios en Querétaro del 2015 a la fecha.

Ahora, la defensora legal de Dafne McPherson, Karla Micheel Salas Ramírez explicó que en principio, la Fiscalía de Querétaro acusó a Dafne del delito de aborto, crimen que según el Código Penal del estado amerita la condena de 6 meses a 2 años de prisión, pero posteriormente cambiaron la acusación a homicidio agravado. Una práctica común de las autoridades que criminalizan a las mujeres en los casos de parto fortuito.  Casos como el de Dafne, están ocultos en las cifras, pues el delito que se les imputa no es el de aborto sino infanticidio u homicidio, sometiéndolas a sentencias mucho más largas.

Por ello no es casual que Amnistía Internacional (AI) denuncie hace un par de meses, que México es un “Estado machista” que desprecia la vida de las mujeres y las responsabiliza de padecer violencia.   Pero una luz se ha abierto en éste túnel negro de machismo. La esperanza en Dafne y su familia se avivó cuando su expediente cayó en las manos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una agrupación civil de abogados expertos en la defensa de mujeres cuyos derechos fueron violentados. Su única oportunidad para liberarla es recurrir al juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado Federal, en el que se verterán todas las violaciones procesales y a sus Derechos Humanos que cometió la autoridad.   Ojalá esta esperanza no sea frágil como señala Francisco de Quevedo, “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.

Apostilla: Una demanda ciudadana que se acrecienta, es el resolver lo antes posible el caso de Aleida Quintana, activista y defensora de los derechos humanos. Porque la queremos aquí, en Querétaro, alegre, segura y libre de violencia.

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