Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

La guerra perdida

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante toda la administración de Calderón, se registraron 121 mil 859 homicidios dolosos, y Enrique Peña sin declarar la guerra en contra de ningún enemigo, contabiliza 120 mil asesinatos y todavía tiene siete meses más para establecer un macabro récord.    Cuando se comparan los cuatro años de ambos gobiernos, el priista supera al panista con 15 mil 824 homicidios dolosos.  La violencia repuntó a partir de 2015 y en 2017 llegó a niveles históricos, con la cifra de homicidios dolosos, violencia y terror más alta desde los años de la revolución mexicana.   La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas siguen llevando a cabo labores habituales de la policía. Continúan las amenazas, ataques y homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital son habituales. Las detenciones arbitrarias se han generalizado, derivando en torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. La violencia contra las mujeres sigue su horrenda senda; según datos recientes, dos tercios de las mujeres mexicanas han experimentado violencia de género a lo largo de su vida.

Aun así las autoridades (civiles y militares) presumen con altavoz sus magros logros que según sus cuentas dejó más decomisos de ranchos y casas de los criminales, cuentas bancarias, inmuebles y empresas, pero sin hablar del baño de sangre que se observa en calles, plazas, playas, caminos, pueblos y ciudades.  Un dato resalta como parte de sus “éxitos”, el congelamiento de 530 cuentas bancarias, lo que resulta irrisorio frente al crecimiento exponencial del dinero que maneja el narco.  Simplemente en materia de empresas, no hay reporte de operaciones contra el crimen vinculadas con este rubro.  Tras la declaratoria bélica de Felipe Calderón se han decomisado, en promedio, cada año 358 propiedades en zonas rurales y urbanas.  En lo referente a decomisos de dinero en efectivo, la PGR detalla que lo que tiene que ver con dólares, al año en promedio consigna 9.8 millones de dólares, llegando a los 48 mdd por año.  Cifra ridícula, ya que según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, las ganancias por el tráfico de drogas en México son de unos $30.000 mil millones de dólares al año.

El narco además de enriquecer a los bancos estadunidenses, españoles, holandeses, financiar campañas políticas y alimentar un redituable comercio de armas, obliga al estado a la imposición de políticas antidrogas que benefician a empresas petroleras, gaseras y mineras trasnacionales, así como a otras grandes corporaciones.  Hay también otros sectores beneficiados por la violencia: las industrias maquiladoras y las redes de transporte, así como un segmento del sector comercial y de venta al menudeo e intereses en bienes raíces de México y Estados Unidos.

La guerra antidrogas ha demostrado que es sólo un remedio para los achaques del capitalismo, que combina la legislación y el terror en una experimentada mezcla neoliberal para infiltrarse en sociedades y territorios con programas, proyectos y leyes antes no disponibles.   El terror es usado contra la población de la ciudad y del campo, y cómo, al lado de esta política cuyo resultado es el pánico, se implementan políticas que facilitan la inversión extranjera directa con el pretexto del crecimiento económico.

El pasado 19 de abril el Dr. José Manuel Mireles señaló enfáticamente en Querétaro, qué en la llamada guerra contra el narco, quién está perdiendo es el pueblo, y que en ella realmente no hay ganadores.  Las cifras le dan la razón al líder e iniciador de las autodefensas en Michoacán.

Y la máquina electoral, en conjunto con la militarización y la paramilitarización del país, nos esclarece que los intereses políticos de los grupos más poderosos de México no se someten a los procesos democráticos, sino se imponen sobre los pueblos.

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