Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Elecciones y negocios municipales

El arquitecto español Fernando Chueca expreso “Yo diría que para pulsar el grado de cultura de una nación el mejor índice es comprobar cómo se desarrollan sus ciudades. Si en el desarrollo preside el caos, el crudo juego de los intereses económicos, el desprecio por el pasado, el afán de la novedad por la novedad, es señal evidente de qué por debajo de las apariencias, más o menos progresistas, existe un gran vacío cultural”.  Estas palabras pueden bien referirse al crecimiento y administración del municipio de Querétaro y de su área conurbada en los últimos veinte años. Nuestra ciudad y nuestro estado no pudieron sustraerse a la dinámica nacional impulsada por el PRI-gobierno desde los años sesenta y su desarrollo estabilizador. Sobre esos años se observó que en el país la competencia electoral iba acompañada de expansiones del gasto público poco antes de las elecciones. Dichos aumentos eran impulsados por el grupo gobernante con el fin de reducir el desempleo, ganar la simpatía del electorado y favorecer su reelección; esto bien pudiéramos entenderlo ahora como un ciclo político de negocios estatales y municipales, pero bajo la egida panista. La zona urbana de la capital queretana se haya diferenciada por el tamaño de su población del resto del estado, concentrando poco más del 60% del electorado. Existe fuerte evidencia de un uso sistemático del gasto público con fines electorales en estos municipios, donde el gasto de inversión asciende en el año preelectoral y desciende en el postelectoral. El déficit fiscal también exhibe un ciclo concordante (empeora en época preelectoral y mejora una vez culmina la contienda política). En algunos el déficit fiscal aumenta antes de elecciones y luego desciende el gasto en formación bruta de capital fijo para cerrar el déficit. Los gobernantes y políticos nacionales a nivel federal que buscan la presidencia de la república afrontan la disyuntiva inflación-desempleo. En nuestro caso, los alcaldes no responden por la política monetaria, por la inflación, ni en general, por la estabilización macroeconómica. Solo deben cuidarse de mantener el gasto de funcionamiento y la deuda pública dentro de los ciertos límites.

En 2012 y 2015 diversos organismos de Observación Electoral, revelaron que en los comicios celebrados esos años, la ciudadanía había dado información sobre los “precios de mercado” del voto en distintas zonas. Además, advirtieron que una gran cantidad de municipios estaban expuestos al fraude electoral.  Por su parte, funcionarios electorales de diversos estados reconocieron que la compra de votos seguí siendo una tradición, ya que los que se encargan de esto ya tienen toda una infraestructura montada; esas personas nunca llegan a improvisar el día de elecciones. Se trata de una práctica abiertamente ilegal que, pese a todo, parece haberse entronizado como costumbre política en nuestro país.

La política mexicana y más específicamente sus comicios electorales, son incomprensibles sin la práctica que politólogos y sociólogos llaman “clientelismo político”. Aclarando que el concepto se originó en la antropología cultural y luego fue adoptado por la politología, y ofrece su definición formal como la práctica de ofrecer a individuos, grupos, empresas, etc. acceso privilegiado a financiamiento, recursos, obras, contratos, empleos públicos o servicios del Estado, a cambio de apoyo político. Tal práctica supone la existencia del Estado y el reconocimiento de todos los actores de que los recursos transados pertenecen al mismo.  El agente que reclama apoyo político es un intermediario entre los ciudadanos y esos recursos. Diversas investigaciones sobre el tema vinculan el clientelismo con el dinero público, ya que la mayor parte de la ejecución presupuestal ordinaria de los municipios tiene como fin primario construir o reproducir los capitales electorales de sus correligionarios. Si durante el proceso de ejecución se puede compaginar este fin con las necesidades reales y prioridades del municipio, y con la racionalidad que deben tener los gastos o las supuestas inversiones en las localidades, tanto mejor, de lo contrario, estos factores pasan a ser secundarios.  La inversión pública en servicios y beneficios para la comunidad obliga a la retribución electoral, si los beneficiarios pretenden que se les mantenga en las redes de distribución clientelista. Factores históricos y culturales contribuyen a explicar por qué en México el clientelismo es una lógica tan predominante. En un texto clásico de Eduardo Galeano hace un penetrante análisis del modelo administrativo impuesto por la colonia española en América, evidenciando que es el antecedente remoto del clientelismo político en Latinoamérica, mencionando el contraste entre el “particularismo” del catolicismo ibérico y el “principio impersonal” de la ética protestante.  La historiografía mexicana señala que dinámicas sociales recientes han reforzado el clientelismo, en particular, con el regreso del PRI al poder que modifico su discurso nacionalista, expulsando la ideología revolucionaria del mundo político y privilegiando a la empresa clientelista como forma principal de intermediación entre la población y el Estado.  Asunto que ha aprendido muy bien el PAN y el PRD, ahora en alianza. Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en [email protected]

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