Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Política, municipio y violencia

En las elecciones del 1° de julio, se renovarán 3416 cargos de elección popular, la mayor cantidad de puestos que se han votado en una sola jornada en la historia del país, y la mitad de los cuales son a nivel local o municipal.  Y la irrupción de la violencia en la política implica un costo elevadísimo para la democracia.  En total, desde que el periodo electoral comenzó oficialmente a nivel federal el 8 de septiembre hasta el final de la precampaña el 11 de febrero (periodo durante el cual se registran los aspirantes y se definen los candidatos al interior de cada partido) fueron asesinados por lo menos diecinueve políticos locales entre alcaldes (tanto electos como en funciones), ex alcaldes o precandidatos a presidente municipal. En comparación con esta cifra, algunos conteos indican que durante todo 2016 fueron víctimas de homicidio nueve presidentes municipales y alcaldes electos o ex alcaldes. Todo lo anterior según el diario The New York Times, publicado debido al creciente interés sobre el proceso electoral mexicano en la nación al norte.   El número de asesinatos es representativo de la violencia que se vive en todo el país, dado que México acaba de cerrar su año más mortífero desde que hay registro.   Ahora, un estudio reciente del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, denominado “Justice in Mexico”, encontró que es doce veces más probable que un político local sea asesinado que alguien de la población civil.  Otro rasgo de la violencia demencial en nuestro país, es que ésta es encabezada por policías o ex policías, en gran número agentes municipales.  El nivel municipal se ha vuelto la primera entrada de grupos de delincuencia organizada que están peleando para tener acceso o empezar a tener acceso e influencia en la composición de puestos clave en seguridad, presupuesto, finanzas, información, etc.   El conteo de violencia contra líderes municipales genera un ambiente tenso en un año electoral, ya que buena parte de la violencia es por parte de grupos criminales que quieren enviar un mensaje de miedo a los candidatos o a los dirigentes en funciones para afianzar su control sobre territorios disputados.  Los ataques contra autoridades municipales en México, que tienden a aumentar durante periodos de elecciones locales, se ha agudizado este año, y seguirán haciéndolo por la coincidencia con las elecciones federales, y esa concurrencia hace que veamos más de cerca la operación del crimen organizado.   Los efectos de la violencia relacionados con los cárteles de droga y su influencia sobre la competitividad electoral a nivel local (municipal), nos muestra que la democracia, definida sobre la base de su requisito más elemental, es decir, elecciones libres y justas, va en alarmante deterioro.  La realidad nos revela un detrimento en la competitividad electoral a nivel local debido a la violencia relacionada con el tráfico ilegal de drogas. La violencia puede ser efectiva como mecanismo para favorecer la candidatura de alguna alternativa y potencialmente podría contribuir al surgimiento de nuevos caciques locales. La democracia a nivel local, según su definición minimalista, podría eventualmente desaparecer.

Los supuestos hacedores de políticas públicas requieren incorporar este costo institucional al conjunto de costos asociados con la violencia cuando se decide qué estrategia es normativamente la más deseable y cuando evalúan cómo abordar el problema de la siembra, trasiego y comercialización de estupefacientes.  Pero las estrategias represivas del gobierno mexicano no han sido efectivas en prevenir este resultado, ya que la estrategia gubernamental para aminorar los costos políticos de la violencia no sólo ha sido inefectiva, sino desastrosa.

Por un lado, como mencionan otros estudios (ejem. Aldo F. Ponce, CIDE 2016), su estrategia militarista parece haber multiplicado los niveles de violencia y tal violencia ha contribuido a distorsionar los resultados electorales.   Por otro lado, la presencia policiaca no parece haber ayudado a corregir o prevenir los efectos de la violencia sobre la competitividad electoral. Si el gobierno mexicano persistiera en implementar estrategias represivas, éstas necesitan ser revisadas a profundidad, como lo es la pertinencia y aplicación de la Ley de Seguridad Interior.   Tercero, cada vez que los cárteles logran sus objetivos electorales a nivel local, es muy probable que el estado pierda aún más fortaleza para brindar seguridad a la ciudadanía y prevenir actos de corrupción. Evitar la influencia de los cárteles en los resultados electorales a nivel local resulta crucial para evitar el creciente detrimento institucional.   Finalmente es indispensable el conocer y tener información sobre la relación entre la violencia y la distribución del apoyo electoral de todo tipo. Es relevante entender cómo los cárteles seleccionan a las alternativas electorales que deciden apoyar; así como es también importante determinar el impacto de la violencia sobre la distribución del voto para elegir autoridades estatales o federales.   Seguramente esto puede llevar varios años, pero hay que empezarlo ya.

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