Engañar con la verdad

La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses acusados en Estados Unidos de trabajar para los chapitos, fue el bloqueo inmediato de las cuentas financieras del grupo de los 10 presuntos criminales que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pidió a las instituciones financieras del país. El reportero de investigación Jorge García Orozco reveló en la revista digital emeequis que la solicitud fue emitida el 6 de mayo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV. Se ve muy importante, y aunque cierto, nos están engañando con la verdad.

El congelamiento de cuentas fue consecuencia de la petición de la CNBV, que actúa de manera autónoma al resto de las instituciones, a las cuales la UIF tiene que responder por mandato legal. La CNBV no está supeditada a la Fiscalía General de la República, y la línea de acción conducente es que la UIF sea quien le de vista para que proceda. Tras realizarla, la Fiscalía pidió el 8 de mayo la información financiera de los 10 de Sinaloa.

Muy bien, pero muy mal. La primera chicanería ante nuestros ojos, es el tiempo que se tardaron las instituciones mexicanas en congelar las cuentas. No se sabe cuándo llegó la notificación de la CNBV, pero sí cuándo se emitió la instrucción para el bloqueo, 6 de mayo: ocho días después de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

Entre las dos fechas, sabiendo la rapidez con las que se pueden realizar transacciones, es una eternidad. Solo como una referencia de la historia reciente, en los tiempos de Santiago Nieto en la UIF, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, varios empresarios revelaron cómo había casos donde funcionarios de esa dependencia descongelaban las cuentas durante un minuto, para que personas afectadas pudieran transferir sus fondos, a cambio del 10% del monto total.

En el caso de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, no necesitaron de semejante acto de corrupción. La UIF le regaló más de una semana a los imputados para que pudieran limpiar sus cuentas, trasladar su dinero fuera de México, a paraísos fiscales o realizar ingenierías financieras para evitar el rastreo. Nadie podía impedirlo. Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron los chapitos a cuentas en el extranjero.

Una vez que la CNBV actuó, la Fiscalía General hizo su parte como si actuara de manera expedita, dos días después. Poco más de 24 horas es un plazo normal para el papeleo, pero lo inusual, según fuentes internas de la UIF, es lo que sucedió después. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, cercano al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no fue autorizado para responder con toda la información a la Fiscalía. No se sabe quién dio la instrucción, pero la UIF depende de la Secretaría de Hacienda. Fue la primera obstrucción.

La UIF fue limitada a informar de manera parcial. Si se toma como referencia la acción preventiva de la CNBV, la Fiscalía debió iniciar una investigación para determinar el origen de los recursos. Esta “pinza” legal no se cerró. Fue la segunda obstrucción.

En cambio, comenzó a circular un dictamen en la UIF que exoneraba completamente a Rocha Moya de recursos de procedencia ilícita, coincidiendo con declaraciones de García Harfuch sobre la inexistencia de conducta ilícita.

Mientras esto ocurría, hubo turbulencias internas en la UIF. Varios funcionarios con facultades para firmar se negaron. Hubo presiones, y al menos cinco prefirieron renunciar. No quisieron firmar un documento de exoneración sin cumplir el debido proceso. Aquí ya no hubo solo obstrucción, sino violación del debido proceso.

Lo ocurrido en la UIF es lo más reciente de una serie de irregularidades en la protección de Rocha Moya, donde se ha concentrado el blindaje político, legal y militar. No se aplicaron medidas como la “campana” (vigilancia), lo que permitió que dos de los acusados, los exsecretarios Enrique Alfonso Díaz Vega y Gerardo Mérida, organizaran su salida y se entregaran a autoridades de Estados Unidos en Irlanda y Arizona, buscando ser testigos cooperantes en el caso.