La política tiene una fascinación peligrosa por las soluciones espectaculares. Frente a problemas complejos, suele preferir cámaras, declaraciones y protocolos de nombres contundentes antes que instituciones, investigaciones y expedientes. Algo de eso hay en la propuesta del gobernador de Querétaro de construir un “Protocolo Único Antinarcocandidatos” para las elecciones de 2027.
La preocupación es legítima. Que el crimen organizado infiltre candidaturas, financie campañas o capture gobiernos constituye una amenaza directa al Estado democrático. El error está en creer que semejante enfermedad puede diagnosticarse con un antidoping, una carta de antecedentes penales o un polígrafo.
La propuesta para adoptar una “6 de 6” suena contundente. El problema es que, jurídicamente, el muro tiene varias puertas abiertas. Para empezar, el gobernador no es autoridad electoral ni puede inventar desde el Ejecutivo nuevos requisitos de elegibilidad. Puede opinar, convocar a los partidos e incluso presentar iniciativas dentro de sus facultades; pero los derechos político-electorales y sus restricciones están sometidos a la Constitución y a la ley. Permitir que un “protocolo” determine quién merece aparecer en una boleta sería sustituir el Estado de Derecho por una certificación política de buena conducta.
Hay además un problema conceptual: hablar exclusivamente de “narcocandidatos” reduce artificialmente el fenómeno. ¿Qué ocurre con candidatos financiados mediante corrupción, extorsión, huachicol, trata de personas, contrabando, defraudación fiscal, empresas fantasmas o recursos desviados de gobiernos? El propio GAFI ha señalado que los riesgos mexicanos de lavado de dinero provienen no solamente del narcotráfico, sino también de actividades como extorsión, corrupción y evasión fiscal. La delincuencia no tiene denominación de origen.
El antidoping resulta todavía más paradójico. Una prueba positiva puede acreditar el consumo reciente de determinada sustancia; no demuestra que alguien sea narcotraficante, lavador de dinero, integrante de una organización criminal ni receptor de financiamiento ilícito. Confundir consumo con delincuencia es jurídicamente insostenible y abre problemas de privacidad, protección de datos, igualdad y discriminación. Se debe perseguir conductas delictivas y flujos financieros ilícitos, no fabricar presunciones de culpabilidad a partir de condiciones personales.
Tampoco la carta de antecedentes penales ofrece el blindaje prometido. La Suprema Corte ha construido una línea jurisprudencial que considera inconstitucionales diversas restricciones genéricas basadas en antecedentes penales por resultar discriminatorias. El delincuente sofisticado que jamás ha sido detenido puede presentar una constancia impecable. El polígrafo tampoco convierte sospechas en evidencia. No sustituye investigaciones ministeriales, fiscales, patrimoniales o financieras. El problema no es preguntar al candidato si conoce delincuentes mientras está conectado a sensores.
Las preguntas relevantes son otras: ¿quién paga su campaña?, ¿quiénes son sus aportantes?, ¿qué empresas aparecen detrás?, ¿hay triangulaciones?, ¿existen prestanombres?, ¿su patrimonio corresponde con sus ingresos?, ¿quién es el beneficiario final de las sociedades relacionadas con quienes después reciben contratos públicos? Ahí está el verdadero elefante en la habitación: el dinero.
El INE ya cuenta con una Unidad Técnica de Fiscalización cuya función precisamente consiste en revisar el origen, destino y aplicación de los recursos de los actores políticos, y dispone del Sistema Integral de Fiscalización para registrar operaciones de ingresos y gastos. La legislación, además, prohíbe utilizar recursos de procedencia ilícita para financiar actividades político-electorales.
Por eso una propuesta verdaderamente seria debería abandonar la escenografía y entrar a la ingeniería institucional: trazabilidad financiera integral de precampañas y campañas; identificación de beneficiarios finales; debida diligencia sobre aportantes y proveedores; matrices de riesgo para detectar operaciones atípicas; investigación de empresas fachada y facturación simulada; auditorías patrimoniales cuando existan discrepancias objetivas; fiscalización oportuna; protección efectiva de denunciantes y coordinación entre autoridades electorales, hacendarias, financieras y ministeriales.
Si la transparencia patrimonial será bandera para 2027, habría que comenzar desde ahora. No bastan versiones públicas tan mutiladas que impidan comprobar la evolución patrimonial de quienes gobiernan. Transparencia significa poder contrastar, dentro de los límites constitucionales de privacidad, ingresos, bienes, inversiones, participaciones societarias, conflictos de interés y evolución patrimonial. El estándar que se pretenda imponer mañana a los adversarios debería aplicarse hoy con idéntico rigor a los funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos.
La propuesta tiene, entonces, más potencia comunicativa que eficacia jurídica. Es un muro de papel: luce bien frente a las cámaras, pero difícilmente detendría al dinero criminal. Porque el narcotráfico no necesita candidatos que consuman drogas. Necesita candidatos que acepten dinero. La corrupción no necesita políticos que fallen un polígrafo. Necesita políticos dispuestos a devolver favores. Y el crimen organizado no necesita aparecer en una constancia de antecedentes penales. Le basta con financiar discretamente una campaña y cobrar después desde las sombras del poder.
Si Querétaro quiere blindar verdaderamente las elecciones de 2027, no criminalicemos personas mediante pruebas de dudosa utilidad ni construyamos requisitos electorales desde el Ejecutivo. Sigamos el dinero. Porque allí donde termina su trazabilidad suele comenzar la corrupción; y donde el dinero criminal compra la política, tarde o temprano también termina comprando al Estado.
