Hay una palabra que casi todos los gobernadores mexicanos prefieren bordear: narcopolítica.
La pronuncian los analistas, la documentamos los periodistas y la padecen las víctimas, pero desde el poder suele administrarse con eufemismos, porque decirla obliga a reconocer algo incómodo: el crimen organizado ya no sólo disputa calles o territorios; también busca influir en campañas, policías, contratos y gobiernos.
Este domingo el gobernador Mauricio Kuri decidió poner ese tema en la conversación pública de Querétaro y obligar a los partidos a definirse antes de 2027.
El mensaje duró cuatro minutos con cuarenta y tres segundos. Sin templete, sin mañanera, sin porra y sin gabinete acomodado para la fotografía.
Kuri habló de extorsión, desaparecidos, miedo y de estados donde el crimen ha encontrado “protección política, complicidades e incluso espacios dentro de los gobiernos”.
No mencionó partidos ni puso nombres, pero el contexto nacional está ahí: investigaciones por huachicol fiscal, expedientes abiertos en Estados Unidos, gobernadores bajo escrutinio y una discusión cada vez más seria sobre hasta dónde penetró el dinero criminal en la política mexicana.
Si Querétaro quiere conservar distancia frente a ese escenario, la discusión tiene que darse antes de que aparezcan los candidatos en la boleta.
Y es justamente ahí donde el mensaje de Kuri adquiere otra dimensión.
Querétaro no está discutiendo este asunto en el vacío.
Mientras un gobernador de Morena en Sinaloa enfrenta una acusación formal en Estados Unidos por presunta protección al Cártel de Sinaloa —acusación que él rechaza—, aquí tenemos políticos que hicieron carrera al lado del exgobernador tabasqueño que quiso la Presidencia, cuyo secretario de Seguridad terminó preso y señalado como presunto jefe de La Barredora; aspirantes que cargan desde hace años cuestionamientos periodísticos por patrimonios, contratos millonarios y negocios realizados durante la emergencia sanitaria; y hasta legisladores que, cuando la prensa preguntó, tuvieron que reconocer parentescos familiares indirectos con la viuda de uno de los empresarios más controvertidos de Tamaulipas, aunque niegan cualquier relación con sus actividades.
Nada de eso convierte automáticamente a nadie en delincuente, y sería irresponsable afirmarlo, pero sí explica por qué el protocolo les incomoda tanto a algunos. Porque cuando la política empieza a acumular demasiadas cercanías, demasiados padrinos, demasiados negocios difíciles de explicar y demasiadas fotografías que después nadie recuerda, pedir que abran patrimonio, cuentas, relaciones e intereses deja de ser propaganda electoral y se vuelve una pregunta elemental: ¿qué tanto conocemos realmente a quienes quieren gobernar Querétaro?
La propuesta es un protocolo antinarco candidatos para los ocho partidos con registro en el estado: declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses; antecedentes penales, no ser deudor alimentario, examen toxicológico, revisión de la congruencia patrimonial y un control de confianza con polígrafo.
Como abogado, hay que decirlo sin rodeos: el polígrafo no acredita culpabilidad ni inocencia y los requisitos de elegibilidad los marca la Constitución, no un acuerdo entre dirigentes.
Pero quedarse en esa objeción sería perder la parte política. Kuri no sustituye a un juez; está poniendo una vara pública que obligará a cada partido a explicar por qué acepta o rechaza que sus aspirantes abran patrimonio, impuestos, intereses y antecedentes.
Ahí está la presión.
Hasta ahora Morena podía llegar a Querétaro hablando de inseguridad, Palmillas, violencia y supuestos cárteles políticos. Desde este domingo también tendrá que responder sobre sus propios filtros.
Ahí está el que dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera y construyó buena parte de su perfil alrededor del seguimiento del dinero y las operaciones sospechosas, lavándole la cara a gobernadores hoy señalados por Estados Unidos, empresarios y casos de falsificación de documentos.
El ex rector, ex super delegado, ex senador y ex diputado, que ha hecho de la austeridad y la honestidad una bandera, pero arrastra señalamientos sobre una red de tráfico de influencias, el saqueo a la UAQ y otros asuntos de la Sierra que, según se ha señalado, la SEMAR guarda en un archivero. Y eso está ahí, para que mañana no salgan sus perros a ladrar diciendo que todo es invento.
Si sueñan con gobernar Querétaro, lo natural sería que fueran de los primeros en someterse al mismo estándar que durante años exigieron para otros. No se trata de acusarlos; se trata de aplicar el mismo rasero.
Pero el PAN tampoco puede convertir esto en una pedrada exclusiva contra Morena y otros. Si el protocolo salió de un gobernador panista, los primeros que tendrían que cumplir son los de casa: aspirantes, alcaldes, legisladores y dirigentes. Si el panismo abre sus expedientes primero, el protocolo puede convertirse en estándar político. Si empieza a poner excepciones, quedará reducido a un buen spot de domingo por la noche.
Quienes hemos cubierto estados donde el crimen terminó sentado dentro de las instituciones, como Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Michoacán y Guerrero, sabemos que la captura no empieza con una camioneta de hombres armados frente a Palacio de Gobierno. Entra por una campaña que nadie pregunta quién financió, por una recomendación en seguridad, por un empresario intermediario o por una candidatura municipal que parecía menor.
Cuando llegan los muertos, los desplazados, los negocios cerrados, empresarios levantados, las cuotas a constructores e inmobiliarias y los periodistas huyendo, casi siempre es demasiado tarde.
Por eso el mensaje de Kuri importa.
No porque haya inventado el problema, sino porque decidió nombrarlo antes de que empiece la campaña.
Querétaro no quiere narcocandidatos. Perfecto.
Ahora habrá que cobrárselo a todos.
Porque hablar de narcopolítica sirve de poco si, llegada la hora de revisar expedientes, cada partido vuelve a proteger a los suyos, como aquellos que llegaron a registrarse amparados o cargando expedientes vigentes.
De esos, en Morena, hay varios.
Colofón…
Kuri puso el tema sobre la mesa y Luis Nava fue el primero en cerrar filas. No es menor: mientras otros todavía miden el terreno, el secretario y uno de los punteros, dejó claro de qué lado está en una discusión que apenas empieza rumbo a 2027.
Ahora toca ver quién más se suma. La vara ya quedó puesta: Querétaro no quiere narcocandidatos.
A chambear.
