Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, recibió una nueva sentencia de 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena se dictó luego de que un juez ordenara reponer el procedimiento judicial, tras los amparos promovidos por el secuestrador y otros dos integrantes de su organización criminal. Además, le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.
Con esta resolución, “El Mochaorejas” acumula al menos siete sentencias que suman más de 398 años de prisión.
El apodo lo adquirió por amputar las orejas de sus víctimas para presionar a sus familiares a pagar los rescates exigidos.
Sentencias acumuladas y compurgación de penas
La FGR también informó que Daniel “V” fue sentenciado a 22 años de cárcel y una multa superior a 4 millones de pesos, mientras que Dulce Paz Vanegas Martínez recibió 16 años de prisión y una multa de más de 280 mil pesos. Ambos fueron condenados por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En los dos casos, las penas se declararon compurgadas legalmente, aunque permanecerán en prisión por enfrentar otros procesos penales.
De acuerdo con las investigaciones, desde 1998 los tres formaron parte de una banda delictiva dedicada al secuestro, que operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal.
Historial de detenciones y reposición del proceso
“El Mochaorejas” fue detenido en 1998 en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México, cuando presuntamente intentaba cobrar el pago de rescate de una víctima. Daniel “V” y Vanegas Martínez fueron capturados cuatro días después.
En 2003, un juez dictó sentencia definitiva contra los tres, pero posteriormente obtuvieron resoluciones que ordenaron reiniciar el procedimiento judicial.
La nueva resolución fue notificada en días pasados, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional aportara pruebas contundentes ante la autoridad judicial.
