Las dictaduras modernas ya no necesitan necesariamente tanques en las calles, soldados tomando el Congreso o generales anunciando por televisión la suspensión de la Constitución. En el siglo XXI también pueden construirse desde las propias instituciones: reformando leyes, colonizando tribunales, sometiendo órganos electorales, persiguiendo adversarios, silenciando periodistas y convirtiendo gradualmente las elecciones en una representación teatral hasta que, finalmente, las urnas dejan de ser necesarias. Nicaragua acaba de llegar a esa última estación.
Daniel Ortega, aquel comandante sandinista que combatió la dictadura de Anastasio Somoza, terminó convertido en aquello contra lo que alguna vez luchó. Después de regresar al poder en 2007 y desmontar progresivamente los contrapesos democráticos, anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Su régimen impulsa ahora modificaciones que consolidan la permanencia de la llamada copresidencia que ejerce junto con su esposa, Rosario Murillo. No es una reforma electoral. Es prácticamente el acta de defunción de la democracia nicaragüense.
Durante años el régimen Ortega-Murillo fue cerrando las válvulas del sistema democrático: persecución de opositores, encarcelamiento de aspirantes presidenciales, control institucional, expulsiones y desnacionalizaciones, restricciones contra organizaciones civiles y religiosas, represión de manifestaciones y progresiva eliminación de cualquier competencia política real. Las elecciones de 2021 fueron quizá el ensayo general de esta tragedia: candidatos opositores encarcelados o inhabilitados y una competencia electoral desprovista de las condiciones elementales de libertad. Ahora Ortega simplemente pretende retirar la escenografía.
Frente a semejante ruptura democrática, la Organización de Estados Americanos decidió convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la crisis. Y México se abstuvo. El embajador Alejandro Encinas argumentó que la situación interna nicaragüense no constituye una amenaza para la paz o la seguridad hemisférica y advirtió sobre los riesgos de profundizar el aislamiento de Nicaragua.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la posición mexicana invocando los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención. El argumento parece jurídicamente impecable hasta que se lee completa la Constitución.Porque el artículo 89, fracción X, efectivamente establece como principios de política exterior la autodeterminación y la no intervención, pero en el mismo párrafo incorpora también el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
La Constitución no permite escoger del menú únicamente los principios que políticamente resultan convenientes. Más aún: México forma parte del sistema interamericano y ha reconocido durante décadas que la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen valores esenciales de la comunidad hemisférica. La soberanía no puede transformarse en una muralla detrás de la cual un gobierno pueda encarcelar opositores, cancelar elecciones o perpetuarse indefinidamente en el poder sin recibir siquiera una condena diplomática.
No intervenir militarmente es un principio. Guardar silencio frente al autoritarismo es una decisión política. Y ahí está precisamente lo preocupante. La diplomacia mexicana parece extraordinariamente escrupulosa cuando debe cuestionar gobiernos ideológicamente cercanos a la llamada Cuarta Transformación. Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua reciben frecuentemente el beneficio de una interpretación maximalista de la soberanía que difícilmente aparece con la misma intensidad frente a otros países.
Los principios constitucionales no deberían tener colores partidistas. Pero Nicaragua contiene además una advertencia que México haría mal en ignorar. Ninguna democracia desaparece de la noche a la mañana. Primero se desacredita a los árbitros; después se cuestiona a los jueces; posteriormente se presenta a los organismos autónomos como obstáculos para la voluntad popular; se identifica a críticos, periodistas, empresarios u opositores como enemigos del pueblo; se concentran facultades y se modifica la Constitución desde mayorías legislativas disciplinadas.
Cada decisión, observada aisladamente, puede parecer legal. El problema aparece cuando se observa el conjunto. México no es Nicaragua y sería irresponsable afirmar que inevitablemente recorrerá ese camino. Tenemos una sociedad plural, oposición política, medios críticos, organizaciones civiles y una tradición constitucional que todavía ofrece importantes resistencias. Precisamente por eso debemos cuidar esas instituciones antes de perderlas.
La experiencia nicaragüense demuestra que las democracias pueden suicidarse utilizando sus propias herramientas constitucionales. Ortega no eliminó la democracia en un solo día: la fue vaciando lentamente hasta conservar únicamente el cascarón. Por eso resulta tan peligrosa la tibieza mexicana.
Cuando un gobernante anuncia que ya no necesita elecciones para mantenerse en el poder, no estamos ante un asunto de izquierdas o derechas, soberanía o intervención. Estamos ante la negación misma del principio republicano según el cual ningún gobernante es propietario del Estado.
La democracia significa, antes que cualquier otra cosa, que quien gobierna debe aceptar que algún día tendrá que irse. Daniel Ortega decidió que ese día nunca llegará. Y México, en lugar de levantar claramente la voz, decidió abstenerse. Nicaragua es hoy un espejo incómodo colocado frente a América Latina. No significa que todos terminaremos reflejados en él. Pero conviene mirarlo atentamente. Porque cuando una sociedad descubre que perdió su democracia, normalmente el último voto libre ya ocurrió muchos años antes.
