La infraestructura de La Fragua funciona bajo un esquema de depósito y custodia para empresas del sector; especialistas señalan que, hasta ahora, no existe evidencia que acredite un origen ilícito del hidrocarburo.
La inspección ministerial realizada en una terminal logística de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato, puso bajo revisión un volumen de combustible que, de acuerdo con especialistas del sector, corresponde a operaciones regulares de almacenamiento y custodia para compañías energéticas con presencia legal en México.
Durante la diligencia fueron inspeccionados 10 tanques que, en conjunto, almacenaban 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburo: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel. También fueron revisadas tres unidades de carga y diversa documentación relacionada con las operaciones comerciales.
Frente a las versiones que vinculan el aseguramiento con posibles actividades ilícitas, especialistas consultados señalaron que, hasta el momento, no se ha presentado evidencia que permita establecer una procedencia irregular del producto.
El consultor energético Gonzalo Monroy y el periodista y analista Arnoldo Cuéllar coincidieron en que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar. Cuéllar señaló que todavía no existe certeza sobre la comisión de alguna actividad ilícita, mientras que Monroy explicó que este tipo de infraestructura cumple una función relevante dentro de la cadena de suministro energético.
La terminal de San José de Iturbide opera bajo un modelo de prestación de servicios de almacenamiento, trasvase y custodia. Esto significa que el combustible almacenado no necesariamente pertenece al operador de la infraestructura, sino a las empresas que contratan dichos servicios.
Entre las compañías que figuran como propietarias o usuarias del producto se encuentran grandes firmas internacionales del sector energético, como ExxonMobil, Marathon Petroleum y Shell, todas con operaciones formales en México.
La infraestructura también ha tenido relevancia para el suministro regional. De acuerdo con especialistas del sector, este tipo de instalaciones puede funcionar como punto estratégico para mantener la disponibilidad de combustibles en momentos de presión sobre las cadenas de abastecimiento, como ocurrió durante la contingencia nacional de suministro registrada en 2019.
La diligencia federal habría derivado de una investigación iniciada en julio relacionada con una descarga registrada en el municipio de San Luis de la Paz. Sin embargo, durante la intervención en la terminal de San José de Iturbide se encontró personal realizando sus actividades operativas, además de documentación fiscal y aduanal vinculada con el movimiento del combustible.
La situación deberá definirse a partir de los dictámenes periciales y de la revisión de la documentación correspondiente, entre ella cartas porte, contratos de depósito y pedimentos de importación.
Estos elementos serán determinantes para establecer la trazabilidad del hidrocarburo y precisar la naturaleza de las operaciones realizadas en una infraestructura que forma parte de la cadena logística de combustibles en el Bajío guanajuatense.
En tanto, la empresa SIMSA aseguró en un comunicado que la terminal de almacenamiento de combustibles en el municipio de San José Iturbide cuenta con el permiso correspondiente y que no es dueña del producto.
“Gas Natural del Noreste (dueña de SIMSA) presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos.
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, señalaron.
