Augusto Isla

GOTA A GOTA

El retroceso

Hace varias semanas, sugerí a los damnificados por las obras devastadoras y exasperantemente lentas en la calle de Ezequiel Montes, emprendidas por la administración municipal, que demandarán apelando a la ley de enjuiciamiento de lo contencioso administrativo. Pero alguien me informó de las dificultades que esto implica. Dicha ley ha sido derogada por otra nueva: la ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, cuyo contenido favorece más a la autoridad que al ciudadano, de tal modo que neutraliza su acción. Una hazaña más del gobierno panista.
La nueva norma ‘se moderniza’ en apariencia con el uso de la tecnología, la ampliación de los plazos de respuesta de la autoridad demandada, la multiplicación de los requisitos para la suspensión de los actos autoritarios, la desaparición del concepto de interés legítimo que protege al ciudadano de afectaciones, así sean indirectas. Enredos técnicos-jurídicos por doquier, según un experto a quien consulte. Pero lo más grave es la derogación del servicio civil de carrera que permite la designación de personas a modo, sin la calificación técnica y ética, quiero decir sin garantía de saber y probidad.
Estas consideraciones valen como queja, pero también como propuesta para que la barra de abogados, los estudiantes de derecho, los litigantes y los ciudadanos agraviados, se manifiesten en protesta, convoquen a una consulta y luchen por la defensa de una ley justa y un nuevo tribunal que ampare de verdad sus derechos.
Mucho antes de que entrara en vigor la ley y el tribunal en 1985, yo propuse a principios de los años 70s, en mi tesis de licenciatura la creación de un instrumento jurídico ciudadano. Y se creó, no por iniciativa mía, sino porque el proceso civilizatorio, vale decir democrático lo exigía. Pero hoy, veo con pena una caída en la indefensión del ciudadano. Vergonzosa para nuestra entidad que abre las puertas para que un munícipe como Marcos Aguilar y demás, emprendan jubilosamente acciones autoritarias con garantía de impunidad.

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