Antonio Ocaranza

 

Reforma y opinión pública: energía y telecomunicaciones

A mediados de marzo el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el fin de la era neoliberal y “su política de pillaje antipopular y entreguista”. Las reformas promovidas por el gobierno del Enrique Peña Nieto, en especial la de energía y educación, forman parte del legado que se cuestiona y la mitad de los mexicanos coincide con el Presidente. Según la reciente encuesta GEA-ISA un 45% de los mexicanos está de acuerdo con cancelar la reforma educativa y un 46% con suspender las licitaciones en el sector energético.

Pero no todas las reformas del período peñanietista son evaluadas negativamente. La de telecomunicaciones, por ejemplo, no ha sido cuestionada tan repetidamente y no aparece en encuestas como tema de discusión. Quizá la explicación del trato diferenciado de la reforma energética y la de comunicaciones se deba a los siguientes factores:

 

  • Nacionalismo: el sector de telecomunicaciones ha tenido presencia de compañías privadas por más de dos décadas. El de energía, en cambio, ha sido exclusivo del estado mexicano por casi 70 años y, además, toca fibras sensibles de la historia de México. Para que la opinión pública favoreciera la apertura del sector, el gobierno de Peña Nieto tuvo que desacreditar a las empresas estatales (CFE y Pemex) y prometer beneficios para la población que no se han concretado. Ni cinco años ni Peña Nieto ni la industria fueron capaces de construir un apoyo sólido que evitara que AMLO cuestionara la reforma.

 

  • Beneficios: los beneficios de la reforma en telecomunicación han sido amplios y se sienten en los bolsillos de los mexicanos. La competencia, amplia oferta y mejor calidad de planes de telefonía celular y acceso a internet han reducido el costo que las familias mexicanas pagaban por estos servicios y mejorado su calidad de vida. En cambio, la reforma energética no ha tenido ningún beneficio tangible. Aunque la apertura de gasolineras de diferentes marcas ha transformado el paisaje urbano, la competencia no se ha traducido en mejores precios de la gasolina. Por la naturaleza de la industria energética, los beneficios de la reforma tardarán mucho en reflejarse en la economía de los mexicanos.

 

  • Actores de la industria: La apertura en telecomunicaciones se apoyo en el deseo de los consumidores de reducir el dominio de Telmex y Telcel. El gobierno comunicó que habría beneficios inmediatos para miles de usuarios de servicios de telefonía y la simple expectativa de abrir el mercado comenzó a bajar los precios. Cada punto perdido por Telmex/Telcel a la competencia era un ahorro adicional para los consumidores. En el caso de energía, la apertura afectó a empresas del estado que, a pesar de su ineficiencia, son consideradas patrimonio de la nación y siguen siendo actores económicos fundamentales. Cada espacio que ganan las compañías privadas es a costa de las empresas del estado y eso crea sentimientos encontrados en la población.

 

  • Tendencias internacionales: las posibilidades de regresión en la industria energética son mayores que en la de telecomunicaciones. La fuerza de la innovación en tecnologías de la información y su impacto inmediato en la calidad de vida de los consumidores hace políticamente costoso que alguien sugiera regresar a tecnologías del pasado. En cambio, los Presidentes López Obrador y Trump pueden promover energías sucias sin que ningún líder influyente o sectores amplios de población los critiquen. Es políticamente imposible proponer regresar al fax o telex pero muy popular fomentar el petroleo y el carbón.

 

  • Peso de personalidades: la industria energética no tiene un personaje identificable que pueda articular una visión aspiracional del sector. Para muchas empresas de energía mantener un bajo perfil es el mejor curso de acción en el terreno minado de la opinión pública. En cambio, aunque hable de América Móvil o Telmex, las declaraciones de Carlos Slim son buscadas por medios de comunicación para conocer que avances tecnológicos esperan a México en las telecomunicaciones y esto beneficia a todos los jugadores del sector.

 

Las diferentes características del sector energético y de telecomunicaciones pueden explicar porque los políticos han percibido su vulnerabilidad de manera diferente. La explicación más evidente es la capacidad que tiene una reforma de generar rápidamente beneficios económicos concretos que le ayude a construir rápidamente una base de apoyo entre los ciudadanos. Si la opinión pública está del lado de una reforma, los costos políticos de cancelarla son muy altos. Pero si una reforma es controversial y sus beneficios de muy largo plazo será blanco fácil de ataques y botín de políticos en busca de popularidad.

Director de OCA Reputación

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@aocaranza

 

 

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