El Gobierno federal admitió que la reforma que impulsó para limitar las “pensiones doradas” estuvo mal hecha.
La actual Consejera Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo en un oficio del pasado 9 de junio que la reforma tiene disposiciones contradictorias: mientras fija como tope salarial de los funcionarios en activo la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, limita las pensiones a la mitad de ese monto.
Alcalde explicó que ambas disposiciones no pueden aplicarse al mismo tiempo, ya que las pensiones se calculan con base en el salario obtenido durante la vida laboral.
Este tope, previsto en la reforma al artículo 127 de la Constitución, fue punto central de la iniciativa presidencial aprobada por ambas cámaras del Congreso sin cambios, y luego de la exhibición pública de los ingresos de miles de jubilados de paraestatales y de la banca de desarrollo.
Un choque de criterios que frenó la austeridad en el retiro
A partir del oficio del 9 de junio, el tope de 50 por ciento se convirtió en letra muerta, es decir, en una norma Constitucional que no será aplicada.
“Ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente respecto… en virtud de que la pensión se calcula, ordinariamente, a partir del salario o remuneración obtenidos durante al etapa laboral activa”, afirmó Alcalde.
Agregó que, si esta contradicción genera “incertidumbre”, debe privilegiarse un criterio que permita la continuidad entre el salario activo y la pensión, y, por tanto, el tope debe ser la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tanto para los ya jubilados, como para quienes se retiren en el futuro.
En el Congreso, a nadie le había inquietado el tema.
“Las Comisiones Dictaminadoras consideran que el límite propuesto en la iniciativa no constituye una restricción arbitraria. Por el contrario, resulta proporcional y garantiza el principio de austeridad republicana, a la par que garantiza el derecho a las jubilaciones y pensiones”, se dijo en el Senado.
A partir del oficio de Alcalde, las dependencias están pagando pensiones hasta por el ingreso de Claudia Sheinbaum, de 134 mil 290 pesos netos mensuales.
La iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución fue presentada por Claudia Sheinbaum el 3 de marzo, cuando su Consejera Jurídica era Esthela Damián, ahora una de las aspirantes de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien fue reemplazada por Alcalde el 30 de abril.
