La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas al juez federal mexicano
De acuerdo con información obtenida por el periodista Arturo Ángel para el diario Milenio, la UIF emitió el acuerdo 4141/2026 para integrar formalmente al juzgador a dicha lista de personas bloqueadas.
Esta medida administrativa preventiva obliga a las instituciones del sistema financiero mexicano a inmovilizar las cuentas bancarias e instrumentos financieros a su nombre mientras se desahogan las investigaciones correspondientes.
El juez mexicano Luis Benítez Alcántara se ha desempeñado durante ocho años como juez federal del sistema penal acusatorio. A lo largo de su trayectoria, actuó como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde encabezó audiencias de casos de alto impacto mediático y judicial, como Pegasus, la Estafa Maestra y el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
Expedientes del Tribunal de Disciplina Judicial
El 5 de noviembre, el Departamento de Justicia de los EE.UU. hizo pública su captura en territorio colombiano, ejecutada en cumplimiento de una ficha roja internacional derivada de una orden de arresto emitida por un tribunal estadounidense.
Según las acusaciones formuladas por los fiscales norteamericanos, el juzgador habría recibido cerca de dos millones de dólares a cambio de ordenar en 2025 la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense señalado como el segundo al mando dentro de la estructura criminal encabezada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, presunto líder de una organización transnacional de tráfico de drogas.
A la par del proceso internacional y del bloqueo de sus cuentas por parte de la UIF, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que Benítez Alcántara se mantenía como juzgador en activo al momento de su detención.
El órgano judicial detalló que el funcionario acumulaba cuatro investigaciones en curso ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) por quejas administrativas previas, a las que se sumó un quinto expediente iniciado tras revelarse la indagatoria estadounidense por los presuntos sobornos vinculados al caso de Andrew Clark.
