La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero, entre las que se exige a bancos, sociedades financieras, uniones de crédito y demás sujetos obligados a dejar atrás un esquema de controles generales y adoptar uno basado en el nivel de riesgo de cada cliente y operación, además de que se contemplan avisos en 24 horas.
Las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fueron publicadas el 7 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como parte de la implementación de las reformas de 2025 y 2026.
Hacienda identificó 12 modificaciones principales al modelo.
Entre ellas están el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), la clasificación de clientes, medidas para Personas Políticamente Expuestas, la identificación del beneficiario controlador y los avisos en un plazo de 24 horas.
También se establecen manuales de políticas internas; capacitación y selección de personal; auditorías; medidas para fideicomisos y otras figuras jurídicas; mecanismos automatizados de monitoreo; y notificaciones electrónicas.
El paquete incluye además disposiciones específicas para asociaciones y organizaciones sin fines de lucro.
“Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.
Metodologías obligatorias de fiscalización por niveles
“A partir de este modelo, quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita“, explicó Hacienda este lunes en un comunicado.
Así, el nuevo modelo contempla una “debida diligencia proporcional”: a mayor riesgo, mayores controles aplicados.
Entre los beneficios previstos por la dependencia están una mayor certeza jurídica, mejor coordinación institucional y alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las reglas se implementarán de forma escalonada: en noviembre próximo entran en vigor con seis meses de capacitación para que en marzo de 2027 se logre el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
En ese periodo, los sujetos obligados deberán ajustar sistemas, manuales y procedimientos, además de capacitar a su personal.
“La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual con el propósito de facilitar su implementación, permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio, favoreciendo una transición ordenada y eficiente”, indicó Hacienda.
