POR: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
El legislador federal de extracción priista, Braulio Guerra Urbiola, dijo a PLAZA DE ARMAS que en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la Acción de Inconstitucionalidad 138/ 2015 promovida desde el Congreso de Querétaro y en la que se invalida el Párrafo Segundo del Artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro que ponía como requisito para acceder a las pensiones y jubilaciones, se tiene que acreditar el 50 por ciento del periodo de antigüedad haya sido laborado en la misma dependencia.
En ese sentido, y reconociendo la carga que representa para las finanzas de la entidad el cargar con las pensiones de los trabajadores además de otorgar servicios de salud, educación, servicios e infraestructura, dijo que “no obstante en el caso de los trabajadores, no solo hablamos de Derechos Humanos individuales, sino del concepto que revolucionó a las constituciones del siglo XX en el mundo a partir de 1917 con los derechos sociales, preponderantemente el laboral”.
Guerra Urbiola refirió que la jubilación y la pensión son la forma de compensar una vida de trabajo a las personas.
Por último, acotó que las jubilaciones y pensiones para los trabajadores de la entidad se encuentran garantizadas por la estructura financiera que el Estado guarda desde hace 10 años.
“De poca deuda y de calificación crediticia elevada permiten a Querétaro cumplir con la sentencia de la Corte y con la ley en su conjunto”.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, acotó que solo se trata de la supresión del Segundo Párrafo del Artículo 133, por lo que en el tema de la edad mínima (60 años) para jubilarse y 28 años de trabajo, cada persona tendrá que interponer su amparo de manera individual.
“Así que esta información sería importante compartirla con recursos humanos, para que cuando hagan sus cuentas verifiquen que los años trabajados en diferentes dependencias si se van a poder acumular, como se hacía antes”.
Desde otro frente, en el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Lázaro Sánchez Tapia dijo que ha quedado demostrado que la necedad de quienes a la fuerza y sin dialogar pretenden imponer sus criterios en contra de luchas ganadas por los trabajadores, “en sus contratos colectivos, por ello advertimos desde antes nuestra oposición con dicha medida y aplaudimos la decisión de la SCJ”.
En tanto que el coordinador de los diputados del PRI en Querétaro y los Congresos estatales, Mauricio Ortiz Proal, respaldó la determinación al acusar que el párrafo en cuestión era violatorio al derecho al trabajo y la previsión social.
“Independientemente de que uno trabaje en diversas dependencias públicas sigue teniendo el mismo patrón. Aquí hay que reconocer a Juan José Ruiz, quien después de mantener comunicación con diversos líderes sindicales, diseñó la estrategia y la compartió con los diputados”.
