KENNIA VELÁZQUEZ/ POPLAB
“Se dispara la violencia en Guanajuato”, dicen los titulares de las noticias acompañados de imágenes de automóviles y tiendas incendiadas en trece ciudades del estado como respuesta a un operativo de las autoridades en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima el sábado 20 de junio.
Pero la violencia ya estaba incontenible en el estado. Apenas dos días antes del operativo para detener al líder del grupo criminal José Antonio Yépez, El Marro, en Celaya el horror cotidiano tomó una nueva dimensión: un comando ingresó a una casa a asesinar a sus habitantes: un par de mujeres que murieron abrazadas en el baño, una de ellas con siete meses de embarazo; un niño de dos años fallecido por el impacto de una bala en su pecho tirado sobre unas cobijas desperdigadas en el piso; la abuela agonizó en los brazos de un paramédico; a un lado estaban los cadáveres de dos hombres. Horas antes, en otra agresión, un niño de 7 años fue herido y murió camino al hospital. Doce días antes, creíamos que no podía haber algo que nos indignara más que la ejecución de un estudiante universitario en el taller mecánico que montó para pagar sus estudios, con él estaban sus dos hermanos y un aprendiz de 16 años.
Cada día se leen historias así en los medios locales, unas más dolorosas que otras, los 1.903 asesinatos que ocurrieron de enero a mayo han mermado nuestra capacidad de asombro. Incluso son muchas más que las 666 que hubo en todo Guatemala entre enero y abril. O que Honduras, que en el mismo periodo que Guanajuato ha tenido 1.182 muertes violentas. De ese tamaño es la violencia en este estado con 5.8 millones de habitantes, al que no le sirve el orgullo de ser una potencia exportadora cuando tres de sus ciudades más importantes se encuentran en el ranking de las 50 más peligrosas del mundo.
¿Cómo se convirtió Guanajuato en el epicentro de la violencia de México? Es la pregunta habitual sobre la entidad antes famosa por atraer grandes armadoras y ser uno de los destinos turísticos más visitados y ahora conocida por las ejecuciones, levantones, narco bloqueos, robo de combustible o como decimos acá, huachicol… Pero el crimen organizado no tomó control del territorio de la noche a la mañana, su crecimiento se dio de a poco, ganando adeptos, creando una base social en territorios que pese a su bonanza industrial no logró zanjar las profundas desigualdades económicas, todo a los ojos de autoridades cómplices u omisas como lo presenta este relato publicado en la Plataforma Latinoamericana de Periodismo CONNECTAS.
El derechista Partido Acción Nacional ha gobernado por 30 años Guanajuato, en los últimos años se ha mermado notablemente la seguridad: en el sexenio que concluyó en 2012 hubo 2.712 homicidios; en el siguiente ciclo que terminó en 2018 fueron 6.853 las personas asesinadas. A pesar de ello, Diego Sinhue Rodríguez, el actual gobernador, decidió ratificar en sus puestos tanto al secretario de seguridad pública Alvar Cabeza de Vaca, como al entonces procurador general, Carlos Zamarripa Aguirre, ambos protagonistas de la grave situación pues han estado en sus mismos cargos por 8 y 11 años, respectivamente. Con el añadido de que gracias a una reforma constitucional y al apoyo del Congreso Estatal dominado por el PAN, Zamarripa Aguirre será Fiscal General hasta 2028, en total serán 19 años de procurar la justicia en un estado con un índice de impunidad del 87.6 por ciento.
En este contexto nació el Cártel de Santa Rosa de Lima en 2009 enfocado en el robo de combustible que se produce en la refinería de Pemex en Salamanca. La organización criminal toma su nombre de una pequeña comunidad de la que es oriundo su líder El Marro, quien después de trabajar para otros grupos delictivos optó por formar el suyo propio. La organización creció en la sombra, pese a ser Guanajuato un estado bien comunicado, de alta densidad poblacional y con un sistema de video vigilancia que tuvo un costo de 112 millones de dólares. La operatividad para manejar hasta 20 tomas clandestinas de combustible con rendimientos superiores al millón de litros mensuales requería centenares de camiones cisterna que no podía pasar desapercibidos, a menos que existieran complicidades.
De acuerdo al general Arturo Velázquez Bravo, jefe militar en Guanajuato hasta mediados de 2017, José Antonio Yépez tenía “ocho años trabajando en Guanajuato” sin ser molestado y con centenares de propiedades en su haber. “Me extraña que no lo conozcan” dijo a los medios de comunicación quien por primera vez oían hablar del líder huachicolero. Fue el inició la guerra contra el huachicol que el cártel se volvió más agresivo. La sustracción de hidrocarburos tolerada durante sexenios se vio bruscamente cortada. Los primeros días de 2019 Guanajuato vivió semanas de desabasto de combustible, las gasolineras que solían comprar robado no tuvieron que ofertar y tan solo unas decenas de despachadoras en las ciudades contaban con producto. La situación del abasto se regularizó, pero el cártel de El Marro tuvo que diversificar sus ingresos y recurrió al secuestro, extorsión y cobro de derecho de piso, volviéndose más peligroso.
Guanajuato se ha vuelto un objetivo estratégico para el gobierno federal por tres causas principales: Pemex no es solo una prioridad, sino la joya del rehabilitado nacionalismo del programa económico de AMLO en su guerra contra las políticas neoliberales, por eso su urgencia de detener las mermas millonarias que produjo la alianza de mafias sindicales, funcionarios corruptos y bandas de delincuentes, para reinvertir en la desvencijada empresa paraestatal. Segundo, Guanajuato es bastión de las cadenas de valor globales construidas por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Inversiones japonesas, alemanas, italianas y norteamericanas han convertido a la otrora región agrícola que llegó a conocerse como “el granero de México”, en la “nueva Detroit”. Finalmente, la omnipresente batalla política: Guanajuato es el único estado donde López Obrador no ganó la elección de 2018, donde peor se le califica en encuestas y donde gobierna el partido más refractario a su programa. Derrotar a la criminalidad con la que el PAN no ha podido, podría darle a Morena una oportunidad en las elecciones intermedias del próximo año.
El operativo del 20 de junio tenía como objetivo atrapar a “El Marro”, quien logró escapar una vez más. Las autoridades estatales dijeron que fue una acción coordinada con la federación, pero los únicos coordinados fueron los seguidores del cártel que lograron sembrar caos y confusión mientras que la reacción gubernamental se limitó a apagar los 47 incendios en trece ciudades, sin poder evitar daños colaterales, como la desaparición de tres jóvenes que transitaban por la zona.
La acción policial logró detener a 31 personas, entre ellas siete adolescentes; un par de días después sólo permanecían cinco detenidos, entre ellos, la mamá de El Marro y una prima, acusadas de poseer “un kilogramo aproximadamente de una sustancia con características similares de la Metanfetamina” y 88 mil dólares, dijeron las autoridades. Una semana después, todos salieron libres porque la Fiscalía General de Guanajuato no logró acreditar los delitos. En el caso de las familiares del Marro la juez de control encontró “indicios razonables de tortura” y diversas fallas en el debido proceso, ahora las autoridades que participaron en el operativo deberán ser investigadas por ello. En la misma semana, el padre del líder que estaba preso desde marzo por conducir un automóvil robado, fue liberado tras pagar una fianza de 433 dólares.
Las liberaciones de la familia Yépez se han percibido entre incapacidad y corrupción, pero también temor. El resultado fallido del operativo, desató una seríe de acusaciones, señalamientos y pronunciamientos encontrados entre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente Andrés Manuel López a la cabeza del Gobierno Federal, sobre la responsabilidad del operativo y del nombramiento de las autoridades que no logran mantener la seguridad de Guanajuato.
“Voy a ser una piedra en el zapato” advirtió El Marro al gobierno en un video un día después de la detención de su madre. En los días siguientes, se detectó un coche bomba en la refinería de Pemex en Salamanca antes de que causara daño. Pero los enfrentamientos entre policías y sicarios continúan, amenazas de bomba en distintas zonas del estado, al menos una veintena de asesinatos, entre los que se cuenta un académico de la Universidad de Guanajuato en Irapuato y el del ex candidato de Morena a alcalde de Abasolo, Joel Negrete quien un día antes le envió una carta al líder huachicolero pidiéndole una tregua para la población.
“Es de conocimiento público en Guanajuato que en su momento hubo auspicio y respaldo de la autoridad hacia sus actividades y persona. Nos queda claro cuáles son las razones que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados con tal fiereza. Pero la población civil no somos responsables de ninguna manera del cambio de actitud de nuestras corruptas autoridades”, le dijo en la misiva.
Ante el fracaso del operativo para detener a El Marro y con el recuerdo aún vivo de la liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que Noé Israel Lara Belman, “El Puma”, cofundador del cártel había sido detenido en el vecino estado de San Luis Potosí. “Un duro golpe”, dicen las autoridades. La narrativa policial establece que El Puma se había distanciado de El Marro para unirse a sus rivales del Cartel Jalisco Nueva Generación, así que no hay merma para los de Santa Rosa.
Guanajuato está en medio de varios fuegos cruzados, el de los siete grupos criminales que se disputan el terreno; el del fuego político entre el gobierno local del PAN y el federal de Morena, que se acusan unos a otros por la violencia y por la poco que se coordinan para atenderla. También somos víctimas de la soberbia de los responsables de seguridad que aseguran que su estrategia es un éxito, somos víctimas del silencio del gobernador que no sólo evade hablar del tema, sino que asegura que no ha ido ni irá a las reuniones nacionales de seguridad y víctimas de la ambigüedad de un presidente que dice que ni combatirá a los grupos criminales, pero tampoco pactará. Mientras tanto, en las calles, los homicidios, las desapariciones y la extorsión, siguen al alza. Incuantificable es el miedo de saber que al transitar por sus avenidas y carreteras se corre el riesgo de sufrir un delito o ser víctima de colateral de un “ajuste de cuentas entre delincuentes” como suelen decir las autoridades para dar carpetazo a un hecho violento.
Aún no es posible saber qué tan afectado está el Cartel Santa Rosa de Lima, pues ya mostró que tiene apoyo en muchas ciudades y depende de la alianza con grupos criminales de Sinaloa y de la frontera norte, como lo anunció El Marro. Lo único cierto es que Guanajuato requiere con urgencia una intervención que contenga la violencia, pero también que se finquen responsabilidades sobre las autoridades cómplices u omisas. De otra forma, no habrá manera de salir de esta espiral criminal y de terror.
