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INCONTENIBLE VIOLENCIA TRAS OPERATIVOS CONTRA EL CÁRTEL DE “EL MARRO”

por Redacción
2 julio, 2020
en Roja
INCONTENIBLE VIOLENCIA TRAS OPERATIVOS CONTRA EL CÁRTEL DE “EL MARRO”

Guanajuato está en medio de varios fuegos cruzados, el de los siete grupos criminales que se disputan el terreno. FOTO: ESPECIAL

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KENNIA VELÁZQUEZ/ POPLAB

“Se dispara la violencia en Guana­juato”, dicen los titulares de las noticias acompañados de imáge­nes de automóviles y tiendas in­cendiadas en trece ciudades del estado como respuesta a un operativo de las autoridades en contra del Cár­tel de Santa Rosa de Lima el sábado 20 de junio.

Pero la violencia ya estaba inconte­nible en el estado. Apenas dos días an­tes del operativo para detener al líder del grupo criminal José Antonio Yé­pez, El Marro, en Celaya el horror co­tidiano tomó una nueva dimensión: un comando ingresó a una casa a ase­sinar a sus habitantes: un par de muje­res que murieron abrazadas en el ba­ño, una de ellas con siete meses de em­barazo; un niño de dos años fallecido por el impacto de una bala en su pecho tirado sobre unas cobijas desperdiga­das en el piso; la abuela agonizó en los brazos de un paramédico; a un lado es­taban los cadáveres de dos hombres. Horas antes, en otra agresión, un niño de 7 años fue herido y murió camino al hospital. Doce días antes, creíamos que no podía haber algo que nos indignara más que la ejecución de un estudiante universitario en el taller mecánico que montó para pagar sus estudios, con él estaban sus dos hermanos y un apren­diz de 16 años.

Cada día se leen historias así en los medios locales, unas más dolorosas que otras, los 1.903 asesinatos que ocu­rrieron de enero a mayo han mermado nuestra capacidad de asombro. Incluso son muchas más que las 666 que hubo en todo Guatemala entre enero y abril. O que Honduras, que en el mismo pe­riodo que Guanajuato ha tenido 1.182 muertes violentas. De ese tamaño es la violencia en este estado con 5.8 millo­nes de habitantes, al que no le sirve el orgullo de ser una potencia exportado­ra cuando tres de sus ciudades más im­portantes se encuentran en el ranking de las 50 más peligrosas del mundo.

¿Cómo se convirtió Guanajuato en el epicentro de la violencia de México? Es la pregunta habitual sobre la enti­dad antes famosa por atraer grandes armadoras y ser uno de los destinos tu­rísticos más visitados y ahora conocida por las ejecuciones, levantones, narco bloqueos, robo de combustible o como decimos acá, huachicol… Pero el cri­men organizado no tomó control del territorio de la noche a la mañana, su crecimiento se dio de a poco, ganando adeptos, creando una base social en te­rritorios que pese a su bonanza indus­trial no logró zanjar las profundas des­igualdades económicas, todo a los ojos de autoridades cómplices u omisas co­mo lo presenta este relato publicado en la Plataforma Latinoamericana de Pe­riodismo CONNECTAS.

El derechista Partido Acción Nacio­nal ha gobernado por 30 años Guana­juato, en los últimos años se ha mer­mado notablemente la seguridad: en el sexenio que concluyó en 2012 hubo 2.712 homicidios; en el siguiente ciclo que terminó en 2018 fueron 6.853 las personas asesinadas. A pesar de ello, Diego Sinhue Rodríguez, el actual go­bernador, decidió ratificar en sus pues­tos tanto al secretario de seguridad pú­blica Alvar Cabeza de Vaca, como al entonces procurador general, Carlos Zamarripa Aguirre, ambos protago­nistas de la grave situación pues han estado en sus mismos cargos por 8 y 11 años, respectivamente. Con el añadi­do de que gracias a una reforma cons­titucional y al apoyo del Congreso Es­tatal dominado por el PAN, Zamarri­pa Aguirre será Fiscal General hasta 2028, en total serán 19 años de procu­rar la justicia en un estado con un ín­dice de impunidad del 87.6 por ciento.

En este contexto nació el Cártel de Santa Rosa de Lima en 2009 enfocado en el robo de combustible que se pro­duce en la refinería de Pemex en Sala­manca. La organización criminal toma su nombre de una pequeña comunidad de la que es oriundo su líder El Marro, quien después de trabajar para otros grupos delictivos optó por formar el su­yo propio. La organización creció en la sombra, pese a ser Guanajuato un esta­do bien comunicado, de alta densidad poblacional y con un sistema de video vigilancia que tuvo un costo de 112 mi­llones de dólares. La operatividad pa­ra manejar hasta 20 tomas clandesti­nas de combustible con rendimientos superiores al millón de litros mensua­les requería centenares de camiones cisterna que no podía pasar desaper­cibidos, a menos que existieran com­plicidades.

De acuerdo al general Arturo Veláz­quez Bravo, jefe militar en Guanajuato hasta mediados de 2017, José Antonio Yépez tenía “ocho años trabajando en Guanajuato” sin ser molestado y con centenares de propiedades en su haber. “Me extraña que no lo conozcan” dijo a los medios de comunicación quien por primera vez oían hablar del líder hua­chicolero. Fue el inició la guerra con­tra el huachicol que el cártel se volvió más agresivo. La sustracción de hidro­carburos tolerada durante sexenios se vio bruscamente cortada. Los prime­ros días de 2019 Guanajuato vivió se­manas de desabasto de combustible, las gasolineras que solían comprar ro­bado no tuvieron que ofertar y tan solo unas decenas de despachadoras en las ciudades contaban con producto. La si­tuación del abasto se regularizó, pero el cártel de El Marro tuvo que diversi­ficar sus ingresos y recurrió al secues­tro, extorsión y cobro de derecho de pi­so, volviéndose más peligroso.

Guanajuato se ha vuelto un objeti­vo estratégico para el gobierno federal por tres causas principales: Pemex no es solo una prioridad, sino la joya del rehabilitado nacionalismo del progra­ma económico de AMLO en su guerra contra las políticas neoliberales, por eso su urgencia de detener las mermas millonarias que produjo la alianza de mafias sindicales, funcionarios corrup­tos y bandas de delincuentes, para re­invertir en la desvencijada empresa paraestatal. Segundo, Guanajuato es bastión de las cadenas de valor globales construidas por el Tratado de Libre Co­mercio de Norteamérica. Inversiones japonesas, alemanas, italianas y nor­teamericanas han convertido a la otro­ra región agrícola que llegó a conocer­se como “el granero de México”, en la “nueva Detroit”. Finalmente, la omni­presente batalla política: Guanajuato es el único estado donde López Obra­dor no ganó la elección de 2018, don­de peor se le califica en encuestas y don­de gobierna el partido más refractario a su programa. Derrotar a la crimina­lidad con la que el PAN no ha podido, podría darle a Morena una oportuni­dad en las elecciones intermedias del próximo año.

El operativo del 20 de junio tenía como objetivo atrapar a “El Marro”, quien logró escapar una vez más. Las autoridades estatales dijeron que fue una acción coordinada con la federa­ción, pero los únicos coordinados fue­ron los seguidores del cártel que logra­ron sembrar caos y confusión mientras que la reacción gubernamental se li­mitó a apagar los 47 incendios en tre­ce ciudades, sin poder evitar daños co­laterales, como la desaparición de tres jóvenes que transitaban por la zona.

La acción policial logró detener a 31 personas, entre ellas siete adolescen­tes; un par de días después sólo perma­necían cinco detenidos, entre ellos, la mamá de El Marro y una prima, acu­sadas de poseer “un kilogramo apro­ximadamente de una sustancia con ca­racterísticas similares de la Metanfe­tamina” y 88 mil dólares, dijeron las autoridades. Una semana después, to­dos salieron libres porque la Fiscalía General de Guanajuato no logró acre­ditar los delitos. En el caso de las fa­miliares del Marro la juez de control encontró “indicios razonables de tor­tura” y diversas fallas en el debido pro­ceso, ahora las autoridades que par­ticiparon en el operativo deberán ser investigadas por ello. En la misma se­mana, el padre del líder que estaba preso desde marzo por conducir un automóvil robado, fue liberado tras pagar una fianza de 433 dólares.

Las liberaciones de la familia Yé­pez se han percibido entre incapaci­dad y corrupción, pero también temor. El resultado fallido del operativo, de­sató una seríe de acusaciones, señala­mientos y pronunciamientos encon­trados entre el gobernador Diego Sin­hue Rodríguez y el presidente Andrés Manuel López a la cabeza del Gobier­no Federal, sobre la responsabilidad del operativo y del nombramiento de las autoridades que no logran mante­ner la seguridad de Guanajuato.

“Voy a ser una piedra en el zapato” advirtió El Marro al gobierno en un vi­deo un día después de la detención de su madre. En los días siguientes, se de­tectó un coche bomba en la refinería de Pemex en Salamanca antes de que causara daño. Pero los enfrentamien­tos entre policías y sicarios continúan, amenazas de bomba en distintas zonas del estado, al menos una veintena de asesinatos, entre los que se cuenta un académico de la Universidad de Gua­najuato en Irapuato y el del ex candi­dato de Morena a alcalde de Abasolo, Joel Negrete quien un día antes le en­vió una carta al líder huachicolero pi­diéndole una tregua para la población.

“Es de conocimiento público en Guanajuato que en su momento hu­bo auspicio y respaldo de la autori­dad hacia sus actividades y persona. Nos queda claro cuáles son las razo­nes que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados con tal fiereza. Pero la población civil no somos responsa­bles de ninguna manera del cambio de actitud de nuestras corruptas autori­dades”, le dijo en la misiva.

Ante el fracaso del operativo para detener a El Marro y con el recuerdo aún vivo de la liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que Noé Israel Lara Belman, “El Puma”, cofundador del cártel había sido de­tenido en el vecino estado de San Luis Potosí. “Un duro golpe”, dicen las auto­ridades. La narrativa policial estable­ce que El Puma se había distanciado de El Marro para unirse a sus rivales del Cartel Jalisco Nueva Generación, así que no hay merma para los de San­ta Rosa.

Guanajuato está en medio de varios fuegos cruzados, el de los siete grupos criminales que se disputan el terreno; el del fuego político entre el gobierno local del PAN y el federal de Morena, que se acusan unos a otros por la vio­lencia y por la poco que se coordinan para atenderla. También somos víc­timas de la soberbia de los responsa­bles de seguridad que aseguran que su estrategia es un éxito, somos vícti­mas del silencio del gobernador que no sólo evade hablar del tema, sino que asegura que no ha ido ni irá a las reu­niones nacionales de seguridad y víc­timas de la ambigüedad de un presi­dente que dice que ni combatirá a los grupos criminales, pero tampoco pac­tará. Mientras tanto, en las calles, los homicidios, las desapariciones y la ex­torsión, siguen al alza. Incuantificable es el miedo de saber que al transitar por sus avenidas y carreteras se corre el riesgo de sufrir un delito o ser vícti­ma de colateral de un “ajuste de cuen­tas entre delincuentes” como suelen decir las autoridades para dar carpe­tazo a un hecho violento.

Aún no es posible saber qué tan afectado está el Cartel Santa Rosa de Lima, pues ya mostró que tiene apoyo en muchas ciudades y depende de la alianza con grupos criminales de Si­naloa y de la frontera norte, como lo anunció El Marro. Lo único cierto es que Guanajuato requiere con urgen­cia una intervención que contenga la violencia, pero también que se finquen responsabilidades sobre las autorida­des cómplices u omisas. De otra for­ma, no habrá manera de salir de esta espiral criminal y de terror.

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