COLUMNA INVITADA

Los nuevos jefes políticos

Dentro del maremágnum poselectoral y en medio del frenesí de decisiones anticipadas que va tomando sobre la marcha todavía antes de ser investido siquiera como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció en esta semana que se crearían coordinaciones federales en cada estado de la república, en sustitución de las actuales delegaciones federales.

Según la información difundida por los medios, Andrés Manuel López Obrador anunció, en la reunión que recientemente sostuvo con la CONAGO, su decisión de crear coordinaciones generales del gobierno federal en cada estado, para que absorban a las actuales delegaciones que aquel gobierno ha mantenido hasta hoy.

El propósito, según se atribuyó por esas mismas fuentes a Irma Sandoval -la anunciada futura secretaria de la Función Pública- es la reducción de la burocracia, principalmente con fines de austeridad presupuestal.

Esas coordinaciones se ocuparán gestionar las políticas públicas relativas al desarrollo social, en todos los ramos. Tendrán un vínculo directo con las dependencias y entidades federales, y manejarán de manera directa, hasta donde se sabe, los recursos que hasta hoy se han canalizado por vía de las instituciones de los estados.

“Lo importante es la desburocratización y la austeridad republicana, porque, como se sabe, las delegaciones chupan muchos recursos en marañas burocráticas… Para hacer una estructura de mayor cercanía, eficacia y eficiencia, estamos pensando en reestructurar y hacer un enlace más directo con la ciudadanía”, dijo Irma Sandoval, a quien se ha anunciado como futura secretaria de la Función Pública, quien, además, dijo que: “Habrá desburocratización, acercamiento con la ciudadanía y austeridad republicana. Para no tener gastos onerosos de representatividad y de burocracia”.

El planteamiento, junto a otros formulados por el equipo del próximo presidente, puede parecer atractivo en materia de racionalización administrativa -que mucha falta hace- pero encubre implicaciones muy serias para el devenir democrático de la política mexicana.

En un país que recauda el gran grueso de los ingresos públicos a través de las contribuciones federales, el 80% del gasto y la inversión de los estados se cubren con las participaciones que el gobierno central efectúa, en condiciones unilaterales prácticamente, y es incuestionable que la eficiencia y eficacia de su ejecución deben ser impecables.

Suponer que ese propósito podrá alcanzarse con la sola concentración decisoria y del control operativo a ultranza en órganos supeditados al Poder Ejecutivo federal, es una petición de principio.

¿Acaso la sola pertenencia al cuerpo burocrático federal garantiza eficiencia y honorabilidad en el ejercicio del cargo? Las muestras, abundantes, lo contradicen. Hay, en todo orden, ineficiencias, ineficacia y corrupción y no es la etiqueta, menos aún el monopolio de poder, lo que librará al país de esos males endémicos.

Lo peor del caso es que una figura como la que se pretende instaurar recuerda mucho a los jefes políticos del porfiriato, que dependían y acordaban con el centro político, acataban sus instrucciones y las llevaban a cabo, sin cortapisas, en sus espacios de competencia.

Hay que conocer y recordar la historia. El poder es adictivo y su acumulación no se verá satisfecha nunca, porque mientras más se adquiera más será apetecido. Por eso un mecanismo eficaz de frenos y contrapesos es esencial para la democracia y el “estado de derecho”.

Ese sistema, junto con el desmantelamiento paulatino pero firme, de la barrera federal, que también obedece a la contención del poder, plantean por eso cuestiones de discutible bondad política, pero amplían el campo de acción, y control, de los políticos en el poder.

En alguna de las mesas de debate que proliferaron durante la campaña, quien representaba la voz y el sentir de MORENA dijo: “México lo que necesita es un presidente, no un gerente”. Esto último es cierto. Por eso la adopción de la medida no puede quedarse en consideraciones administrativas que, para más, no se justifican con datos duros, cálculos precisos y previsiones claras. Faltan los argumentos sólidos, técnica y políticamente, para asegurar una sana, justa, eficaz y democrática gobernanza.