SERENDIPIA
Los otros chapulines
Habituado a destapar hoyos negros y lanzar bombas como quien dice buenos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó un tirito con el ex presidente Felipe Calderón.
Las mañaneras se han convertido en una vitrina desde la cual AMLO pone el dedo en el fuego o dirige el radar hacia conductas o circunstancias que han pasado inadvertidas en la vida pública nacional y que el Presidente considera necesario debatir.
El día de la Constitución es un buen pretexto para escribir sobre las leyes que en México existen en la letra, pero difícilmente llegan a cobrar vida gracias a silencios en el poder.
AMLO dirigió la atención hacia un pasadizo del poder poco explorado. Podríamos llamarlo el otro chapulineo en la política nacional.
Si los diputados y senadores están acostumbrados a brincar como alegres chapulines de una cámara a otra, salvando su carrera y la nómina, durante décadas han desfilado ante nuestras narices cientos de funcionarios federales que han ocupado cargos importantes en el gobierno federal y que al terminar sus responsabilidades oficiales saltan a compañías y consorcios nacionales y extranjeros en los que aterrizan con información confidencial y estratégica que ponen al servicio de particulares. López Obrador se refirió a la violación de estos preceptos legales y eligió al expresidente Felipe Calderón para ilustrar la dimensión del conflicto que involucra a los funcionarios que renuncian al gobierno y se pasan al otro lado con un baúl rebosante de información confidencial en seguridad nacional.
“No sólo fue este expresidente (Calderón)…quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidios. ¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”, aguijoneó.
Dos artículos de distintas leyes ponen límites específicos. El 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dice que un año después del desempeño de su comisión, los servidores no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo y que determinen un conflicto de
interés.
El artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional señala que los servidores públicos con acceso a información relacionada con la Seguridad Nacional “deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo”.
Estos dos impedimentos han pasado por el arco triunfal de cientos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, embajadores, empleados hacendarios y otros que apenas terminaron su encomienda oficial y volaron a empresas de energía con información estratégica en sus manos.
