Wilbert Torre

SERENDIPIA

AMLO: Pruebas y definiciones

Antes de que estallara el ducto de Hidalgo y murieran 85 personas, la sociedad más activa y politizada había discutido, durante semanas y con energía, una controversia y una preocupación: los límites en las tareas del ejército en funciones de seguridad pública, los siguientes seis años.

Hoy este debate se ha reactivado con fuerza después de aprobada la reforma que creó la GuardiaNacional y tras el estallido del ducto de Tlalhuelilpan, que dejó una estela de víctimas originarias de las humildes comunidades de esa región de Hidalgo donde el huachicoleo ha sido un negocio soportado por familias del pueblo que se conocía y sabían quién picaba aquí y que otras ordeñaban por allá los ductos para revender la gasolina en 6 pesos el litro.

La ofensiva del gobierno contra el robo de combustibles, comprometida y alterada con el estallido de Talhuelipan, vuelve a activar discusiones y definiciones políticas que difícilmente el gobierno obradorista podrá continuar eludiendo.

El trágico estallido ha puesto ante los ojos de cualquiera, simpatizante u opositores de AMLO, dudas y preguntas graves sobre las facultades y límites del Ejército y de la Guardia Nacional, particularmente en circunstancias como las que estuvieron presentes en la explosión de Hidalgo, donde los militares deben moverse pendularmente, con rapidez y eficacia, evitando enfrentamientos al tiempo que ayudan o ponen a salvo a la comunidad.

Este debate y estas definiciones transcurrirán al mismo tiempo que el gobierno obradorista tendrá que responder preguntas ligadas a Tlalhuelipan: ¿Los mandos militares y los soldados pudieron hacer algo más que ser espectadores? ¿Por qué no se activaron los protocolos de protección civil?

Si los soldados habían recibido la orden de no agredir o responder para evitar enfrentamientos, en la misma lógica tendrían que haber alertado a la comunidad sobre el riesgo de un accidente que representaba el chorro de combustible que manaba del ducto.

Sin desearlo, parafraseándolo cuando condenó la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno de Felipe Calderón, el presidente López Obrador ha agitado un avispero.

No me refiero sólo a los riesgos que implica la ofensiva contra el huachicol, sino a la reapertura de una discusión sobre las facultades y límites aún no discutidas en las tareas que los militares desempeñarán en seguridad pública, en la Guardia Nacional.

El estallido del ducto de Hidalgo también replantea discusiones y definiciones fundamentales para la sociedad.

Tlalhuelilpan es una comunidad donde conviven grupos delincuenciales, familias que se soportan del huachicoleo y víctimas de este delito, sea por venganzas o ajustes de mafias como la matanza de cinco personas en un cementerio en marzo pasado, o por un accidente fusionado con negligencia, como el estallido del viernes pasado.

Muy temprano el gobierno de López Obrador enfrenta las pruebas y definiciones mayores que plantea la tragedia de
Tlalhuelilpan.

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