SERENDIPIA
AMLO y Peña, decretos conflictivos
Antes de poner la Presidencia en manos de Andrés Manuel López Obrador, empujado por circunstancias determinantes -el abrumador triunfo de AMLO, el derrumbe del PRI y el pronunciado desgaste de su figura-, el presidente Enrique Peña llegó a una serie de acuerdos con el Presidente electo.
Esos acuerdos se han mantenido en secreto, aunque los personajes más cercanos a ambos han compartido versiones, entre las más citadas -y extravagantes aunque posibles-, una que señala que el Presidente electo le habría pedido a Peña que su gobierno abandonara la idea, si acaso la tenía, de meter a la cárcel al ex candidato panista Ricardo Anaya.
Mandar a prisión a Anaya, acusado por el PRI en la campaña de lavar dinero en la venta de una bodega, daría al traste con las expectativas de una transición en calma chicha, como se dice en el sureste.
La transición tersa naturalmente es compleja, en vista de que se trata de dos mundos antagónicos y enfrentados como los toritos de Red Bull, pese a lo que ambos han querido mostrar en público: las fotografías sonrientes, el apretón de manos, el (medio) abrazo.
“Estamos ante un cambio histórico” -ha dicho Andrés Manuel a sus secretarios- “no queremos pelear”, “no buscamos venganza”. Pero la sola obsesión de López Obrador por una transición sin sobresaltos no basta.
El equipo de AMLO ha denunciado retrasos en la entrega de información vital, pero hay otros asuntos delicados que Peña y López Obrador tendrán que tratar antes del 1 de diciembre; sobresalen dos decretos que ambos deberán firmar. O podrían no hacerlo.
Se trata de dos firmas importantes. Sin ellas, como un viejo ferrocarril, algunas partes del gobierno que AMLO presidirá desde diciembre se descarrilarían si no reciben el combustible necesario. Uno de los decretos ilustra la simulación a lo largo del gobierno de Fox. Hasta la presidencia de Zedillo a la burocracia se le pagaba un salario base que era bajo y un cheque de compensación.
Cuando en el año 2000 López Obrador anunció la reducción del 50 por ciento de los salarios de la burocracia del gobierno de la Ciudad de México, Fox dijo que el gobierno federal haría lo mismo.
En realidad solo integró el salario base bajo y el cheque de compensación, sin afectar las prestaciones del ISSSTE. Cada año el Presidente debe firmar el decreto para el pago del aguinaldo a los burócratas; una parte es sobre el salario base y el resto, la más significativa, es el bono o la compensación garantizada.
¿En diciembre AMLO firmará el decreto para que los burócratas reciban el aguinaldo? ¿El presidente Peña lo firmará antes de irse?
La otra firma trascendente le corresponde al presidente Peña: ¿Enviará observaciones para corregir las inconsistencias jurídicas de la Ley de Remuneraciones que aprobó la mayoría de Morena para que ningún funcionario gane más que el Presidente? ¿O firmará el decreto y le dejará a AMLO un enredo legal en el pago de los salarios de la burocracia?