El ex gobernador priista de Colima, Ignacio Peralta, y su ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones durante la pasada administración.
Esperanza Ramírez Vela, fiscal especializada en Combate a la Corrupción en la entidad, informó que la defensa de los ex funcionarios solicitó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar pruebas para robustecer sus respectivos casos.
Además, precisó que, debido a que los imputados han atendido todas las citaciones, el juez determinó que enfrenten el proceso en libertad, aunque advirtió que éste sigue vigente y que cualquier incumplimiento podría derivar en nuevas medidas.
Tras la audiencia, Peralta afirmó que siempre actuó conforme a la ley y sostuvo que los hechos están vinculados a decisiones presupuestales que no dependían directamente de él.
“Es un tema que tiene que ver con un procedimiento, una operación y, sobre todo, una autorización presupuestal. Los diputados autorizan el presupuesto de egresos () y quien tiene la capacidad de autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Judicial”, afirmó.
“Estábamos más o menos esperando este resultado y estamos listos para el periodo de investigación complementaria”, agregó.
Al ser cuestionado sobre si Noriega habría actuado de manera individual, respondió que se trataba de una “pregunta complicada”.
“Carlos pasó por aquí y les pido que las cuestiones de Carlos se las pregunten a él directamente”, dijo.
La denuncia penal original, presentada en 2020 por diputados de Morena, señaló un presunto desvío de más de 750 millones de pesos vinculado al proyecto de construcción y equipamiento del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) durante la administración de Ignacio Peralta (2016-2021).
Posteriormente, en noviembre de 2021, el Gobierno de Indira Vizcaíno reportó adeudos y anomalías por más de 11 mil millones de pesos heredados por el ex mandatario priista.
Entre las irregularidades, se documentó un crédito por 500 millones de pesos destinado al C5i, del cual sólo 140 millones se habrían aplicado al proyecto, mientras que el resto fue redirigido a otros conceptos, como deuda administrativa, pago de impuestos y pasivos del sector salud.
Asimismo, se señalaron bonos extraordinarios sin justificación, adjudicaciones directas sin licitación y la presunta contratación de despachos para eliminar observaciones derivadas de auditorías.
