Una juez federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles por presuntamente ocasionar un daño de más de 3 mil 412 millones en la contratación de siete cuarteles de la Policía estatal de Michoacán.
Tras una audiencia de 21 horas y media, Patricia Sánchez Nava, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Los procesados son Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados Administrativos de la SSP de Michoacán.
“Los elementos del delito se encuentran acreditados a título de probabilidad. Cuando se usan recursos para una actividad distinta a la prevista, es un ilícito”, dijo la juez.
“Los imputados dispusieron de recursos públicos para fines distintos a los que fueron previstos. La empresa contratada (para construir los cuarteles) no era propietaria de los inmuebles, los adquirió después del contrato”.
La juzgadora les fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, es decir, para que la FiscalÌa General de la República y los defensores reúnan sus respectivos datos de prueba que presentarán en un eventual juicio.
La audiencia inició el jueves a las 11:00 horas y concluyó este viernes a las 8:32 horas.
A las 9:00 horas la juez Sánchez Nava iniciará una nueva audiencia para determinar si les modifica la medida cautelar a tres de los procesados que pretender llevar su procedimiento fuera de prisión, ya sea en prisión, preventiva o en libertad provisional bajo distintas restricciones.
El único procesado que no pidió el cambio de medida cautelar, es Carlos Maldonado, el ex secretario de finanzas de Michoacán.
Los ex colaboradores de Aureoles fueron procesados porque en el 2016 presuntamente contrataron en forma ilegal el arrendamiento y adquisición de 7 cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Estas estaciones de la policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.
La juzgadora consideró que existen datos para suponer que estos contratos fueron irregulares, ya que el gobierno estatal pagó cada uno de los cuarteles con sobre precios, además de que los terrenos en que fueron construidos los cuarteles no eran propiedad de la empresa proveedora cuando recibió los contratos.
