El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó este miércoles licencia al cargo, esto en el marco de la acusación en su contra por parte de Estados Unidos de los delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Dicha solicitud se encuentra sustentada en los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa“, informó la Fiscalía estatal en un comunicado.
La FGE de Sinaloa expuso que Castro Zaavedra manifestó su “disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
Esta declaración se produce después de que el Departamento de Justicia estadounidense pidiera a México la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, al acusarlos de colaborar con el Cártel de Sinaloa para permitir el trasiego de grandes cantidades de droga hacia EE.UU.
El Gobierno mexicano aseguró que esta petición no corresponde a una solicitud ordinaria de extradición y que, por el momento, carece de suficientes elementos probatorios para justificar su “urgencia”.
Varios de los señalados por Washington, como el gobernador o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, solicitaron la licencia temporal mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga estos hechos.
No obstante, otros altos cargos como el senador Enrique Inzunza permanecerán en sus cargos en medio de estos señalamientos en su contra.
Todos ellos negaron categóricamente estas acusaciones de narcotráfico, en un caso que ha provocado una tormenta política en México por sus implicaciones a la relación bilateral con Washington.
