Activistas del Comité Promotor de la Alerta de Género en Querétaro exigen al gobernador Francisco Domínguez reconocer los 18 feminicidios ocurridos en este año y sacar del cajón las reformas legales aprobadas en 2017 por la actual Legislatura y que se ha negado a publicar.
Maricruz Ocampo y Alicia Colchado, acompañadas de la madre y la abuela de la menor Araceli García Blas, asesinada hace dos años en San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco, criticaron la necedad del gobierno estatal al pretender ocultar el problema de la violencia de género “para no ahuyentar las inversiones” y le dedica un presupuesto de 16 millones al Instituto de la Mujer, mientras gasta 171 millones en publicidad.
Es por eso, según explicaron a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, que en los reportes nacionales no aparece ningún feminicidio, a pesar de que hay registro de casos desde el gobierno de José Calzada, a partir de los cuales le pidieron a Pancho Domínguez promover las reformas de ley.Ante la omisión oficial, por falta de voluntad política, la mayoría de los crímenes contra mujeres se juzgan como homicidios calificados. Sólo hay uno, el de Griselda Hurtado, en el que se logró una sentencia en la que se aceptó el tipo penal en agosto de 2017.
De los 18 casos registrados en el presente año, de acuerdo con el Centro Latinoamericano para la paz, la cooperación y el desarrollo, la mitad ocurrieron en el municipio de Querétaro.
Señaló Maricruz Ocampo que aunque las penalidades por feminicidio y homicidio calificado son similares y alcanzan hasta 50 años, el estado no quiere reconocer que hay un problema social, que “las están matando por condición de genéro”.
También recordó que hay ocho recomendaciones de la Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se han satisfecho, supuestamente, aceptándolas y reportando que ya se hicieron las modificaciones de ley, cuando están guardadas en el cajón del gobernador.
Las activistas manifestaron que urgen modificaciones a los códigos penal y civil, para elevar la edad de la violación equiparada de 12 hasta 14 años y que los padres violadores no puedan obtener la patria potestad sobre hijos producto del abuso. Actualmente se dan casos de madres que deben llevar a los niños a visitar a los abusadores presos en el penal.
Al feminicidio y a la violencia de género, insistieron hay que llamarles por su nombre, como supuestamente lo han entendido las autoridades pero no quieren reconocerlo públicamente.
Del mismo modo, lamentaron que se haya reducido el presupuesto al Instituto de las Mujeres en Querétaro, que es de 16.6 millones de pesos, cuando se gastan 171 millones en comunicación social para la propaganda del gobierno estatal.
POR: SERGIO ARTURO VENEGAS ALARCÓN
