Desde antes de conocerse el triunfo de Joe Biden, hubo nubarrones que anunciaban una fuerte presión para el gobierno de México en materia de inversión privada-extranjera en energías, lo cual provocó aplausos por los defensores del libre mercado en el país.
No obstante, hay que considerar que la estrecha relación entre el uso de la energía y la organización social plantea preguntas clave sobre el tipo de proyecto político, económico y ecológico que las energías renovables sostendrán. Pues a decir verdad, la transición hacia el aprovechamiento y consumo de energías renovables tiene distintas formas de verse, que van desde un cambio tecnológico o bien, como el impulso para una transformación social más amplia que apunta hacia la construcción de proyectos eco-sociales alternativos.
Por su parte, el paradigma eco-modernista se basa en el pensamiento ambiental que asume que la protección ecológica y el crecimiento económico son compatibles a través del desarrollo de tecnologías y procesos eficientes, mismos que son promovidos por mercados competitivos y las inversiones privadas. Éste discurso defiende una estrategia en donde los objetivos climáticos son compatibles con un “crecimiento económico continuo” y los principios de “desarrollo sostenible” y, dan por sentado el supuesto de que los patrones de producción y consumo continuaran constantes en las próximas décadas, con lo cual, generan una idea de sostenibilidad y con mayor justicia que el modelo económico impulsado por las energías fósiles.
Pero si partimos de otra visión, el proyecto eco-modernista resulta cuestionable por lo siguiente: 1. Los recursos renovables (flujos de sol, viento y agua) se encuentran dispersos en términos espaciales, tienen una naturaleza intermitente, y su densidad energética es considerablemente menor que la de las fuentes fósiles. 2. Con un modelo energético al 100% basado en renovables, conduciría a una mayor expansión de las fronteras extractivas, así como a drásticos cambios en la propiedad, uso y acceso de los territorios rurales a favor de las grandes inversiones privadas energéticas. Y 3. Las grandes infraestructuras de energía renovable encierran en sí, relaciones sociales, ambientales, económicas y sobre todo de poder, lo que en última instancia nos remite a la pregunta de ¿qué pasara con la soberanía energética del país y la distribución equitativa de la riqueza?
Para los países en desarrollo, las inversiones privadas en infraestructuras, al grito publicitario de un “desarrollo bajo en carbono”, y presionando para contar con un marco legal favorable de desregulación, presionan, para que se les garantice sus inversiones, y que no haya competencia del estado. Empero, lo que hemos visto es, que dicho patrón de inversiones ha generado un creciente número de conflictos locales como en los megaproyectos en donde la gran mayoría de estos conflictos emanan como una respuesta directa a la adquisición irregular de tierras por parte de grandes desarrolladores, desplazamiento de poblaciones, expropiación/privatización de tierras, contratos leoninos por la renta de parcelas, y compra de los comisariados ejidales para controlar a los ejidatarios. La implementación de este tipo de proyectos es, facilitada por la violación al derecho de consulta previa, libre, informada y culturalmente adaptada; así como a la falta de estudios integrales y vinculantes sobre los impactos sociales y ambientales vinculados a estas infraestructuras. Además, tal patrón de inversiones en renovables refleja una distribución desigual de los impactos y beneficios al tiempo mismo, que van reafirmando una Re-territorialidad en donde lo rural funciona como un nodo de producción de energía para proveer las crecientes demandas urbanas e industriales.
La posibilidad de promover sistemas eléctricos descentralizados, distribuidos, gestionados democráticamente y diseñados para sostener las necesidades regionales es en definitiva, otro camino distinto al del discurso eco-modernista de la transición energética que se presenta como un proyecto neutral y despolitizado. Si bien las energías renovables son una pieza fundamental para resolver la crisis climática, las injusticias socioambientales continuarán emergiendo si un proyecto de transición energética no va acompañado de cambios en los patrones de consumo y gestión de los recursos, y sobre todo, basado en la soberanía energética de la nación o regional en los estados subnacionales, lo que indudablemente implica transformaciones sociales, políticas y económicas de fondo.
