Centro Histórico de la capital queretana, las acciones para retirar de la Alameda Hidalgo a quienes las autoridades señalan como “trabajadoras sexuales” no atendieron una de las problemáticas que más preocupan al gremio: la trata de personas.
Así lo mencionó Mónica Mendoza, activista y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales, quien señaló que en este punto no se concentran quienes ejercen esta actividad de manera consensuada, sino las víctimas de un delito.
Tras el operativo, la zona donde presuntamente opera la trata de personas se desplazó hacia la calle 21 de Marzo, en la colonia San Francisquito.
Ahí, las víctimas son vigiladas por los padrotes, individuos que explotan a mujeres y obtienen beneficios económicos derivados de los servicios sexuales.
“Los padrotes están ahí caminando, cuidándolas (…), hasta se rolan, como que ya tienen turnos”, comentó Mónica Mendoza.
La también presidenta de la asociación civil Mujer Libertad denunció que menores de edad son introducidas por tratantes tanto frente a la Alameda como en puntos de trabajo permitidos por las autoridades, lo que representa una problemática legal.
Un delito con altas penas y pocos registros
El Código Penal Federal establece sanciones para el lenocinio, la explotación sexual y la obtención de beneficios económicos mediante el comercio sexual.
Este delito contempla penas de ocho a quince años de prisión y multas económicas.
Sin embargo, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que en Querétaro, de enero de 2023 a junio de 2026, se han registrado cinco casos de trata de personas.
Autoridades conocen la situación, pero falta acción
Mónica Mendoza afirmó que las autoridades conocen la situación y saben quiénes son las personas en condición de trata y quiénes ejercen el trabajo sexual autónomo.
“El esquivar o decir ‘sí’ y no hacer nada (…) también es incurrir en un delito”, señaló.
Las trabajadoras sexuales pueden identificar señales de posible explotación, como cambios en la conducta, la forma de caminar o el control psicológico ejercido sobre las víctimas.
Mendoza señaló que las propias trabajadoras notifican a las autoridades y buscan apoyo para personas con fichas de búsqueda, pero denunció que las investigaciones no tienen continuidad.
“No hay un seguimiento de las autoridades o una atención hacia las personas”, comentó.
La activista pidió investigar a quienes presuntamente controlan a las mujeres ubicadas en la calle 21 de Marzo, pues aseguró que el problema no está en quienes ejercen el trabajo sexual autónomo, sino en quienes las explotan.
El retiro de personas de la Alameda Hidalgo no resolvió el problema de fondo, sino que únicamente desplazó el punto donde operan presuntas víctimas de trata.
Mendoza insistió en que las autoridades deben enfocar sus investigaciones en los responsables de la explotación, evitar confundir la trata de personas con el trabajo sexual autónomo y combatir la estigmatización.
“Debería decir ‘se trata de personas’, porque ellos saben”, subrayó.
