A una semana de los episodios de violencia en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas, autoridades federales trasladaron a 49 reclusos de cárceles de Sinaloa hacia otros centros penitenciarios del País.
De acuerdo con reportes locales, 48 internos fueron retirados de El Castillo, entre ellos 47 hombres y una mujer, mientras que otro fue trasladado del penal de Aguaruto, en Culiacán.
El movimiento se realizó el jueves 15 de octubre por instrucciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó el traslado de los 49 internos y señaló que el operativo estuvo a cargo de autoridades federales.
“Los traslados se llevaron a cabo bajo la organización y supervisión de autoridades federales, con estricto apego a los derechos humanos y a la legislación vigente”, indicó la dependencia en una ficha informativa difundida por medios locales.
“Estas acciones tienen como objetivo despresurizar los centros penitenciarios de Sinaloa”.
La dependencia estatal no precisó los centros penitenciarios de destino, la identidad de los reclusos y los delitos por los que se encontraban privados de la libertad.
Antecedente de los motines
El traslado ocurrió después de los enfrentamientos registrados el 8 y 9 de octubre en el penal de El Castillo, donde se reportaron 12 personas muertas en una serie de hechos violentos.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre que uno de los enfrentamientos estuvo relacionado con una disputa entre integrantes de la facción de Los Chapitos, tras la liberación de un interno que ejercía liderazgo dentro del centro penitenciario.
El funcionario señaló que las autoridades federales habían realizado traslados de internos y mantenían otros programados, además de reforzar la vigilancia en el establecimiento.
Los movimientos del jueves se sumaron a las acciones federales desplegadas en los centros penitenciarios de Sinaloa, en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control de distintas regiones de la entidad.
