El control criminal y lavado de dinero a través de las áreas de Obras Públicas en los municipios de Morelos operaba mediante una estrategia de captura institucional, donde el Cártel de Sinaloa (conocido localmente como “La Empresa“) dominaba áreas clave para obtener recursos.
De acuerdo con los expedientes de la FGR, estos eran los mecanismos de presión:
– Control de la Dirección de Obras Públicas, exigiendo nombramientos.
– Licitaciones amañadas para asignar las obras.
– Control de permisos de uso de suelo para fraccionamientos y desarrollos comerciales.
– Extorsión a constructores y renta forzada de maquinaria.
– Pagos y financiamiento a criminales con recursos públicos.
Los señalamientos anteriores están relatados por la FGR en las órdenes de aprehensión contra Alcaldes y funcionarios morelenses vinculados con el grupo sinaloense.
El miércoles pasado, el Gobierno federal detuvo a 6 personas, entre alcaldes y funcionarios de Morelos por sus vínculos con el crimen y por ser parte de una red de extorsionadores en al menos 11 gobiernos municipales.
