La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta mañana el decreto con el cual las plataformas digitales deberán implementar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes, impedir su acceso a determinados contenidos y garantizar condiciones de seguridad desde el diseño de sus servicios.
Previo a la firma, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, explicó que las empresas tendrán un máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las acciones implementadas. El plazo fue consensuado con las plataformas tras una segunda reunión en la que participaron, entre otras, Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Reconoció que, “lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”.
Alcalde señaló que el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo al acceso y uso seguro de internet. Explicó que abarcará servicios digitales que permitan la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.
Contenidos restringidos y nuevas obligaciones
El decreto prohibirá que las plataformas permitan a menores el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. También incluirá violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
“Las plataformas tendrán la obligación de identificar y remover de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas de violencia”, explicó Alcalde, en referencia a las conductas enumeradas en el decreto. Asimismo, deberán clasificar los contenidos por edades y verificar la edad de las personas usuarias.
Las empresas también deberán ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para reportar contenidos. Alcalde destacó que deberán establecer “privacidad y seguridad activas de manera predeterminada”, de modo que la protección opere desde el inicio. Además, tendrán que publicar los criterios utilizados para identificar y retirar contenidos.
Colaboración con autoridades y seguimiento
El decreto establecerá la obligación de mantener un punto de contacto disponible para atender requerimientos de las autoridades investigadoras. Las plataformas deberán preservar y entregar evidencia o información relevante en casos de riesgo, así como alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que atenten contra la vida.
Como acciones adicionales, Alcalde mencionó la coordinación con las secretarías de Educación Pública y Salud, el acompañamiento psicológico mediante la Línea de la Vida y las asambleas de la guía ‘ABC de las emociones’. Estas últimas difunden información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales entre la comunidad educativa.
Alcalde subrayó que el decreto “es obligatorio, mas no punitivo”. Sheinbaum señaló que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento al cumplimiento y advirtió:
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.
